La Fiscalía va a solicitar seis años de prisión para el responsable de una asesoría de Almería acusado de proporcionar ofertas de trabajo presuntamente fraudulentos a inmigrantes en situación irregular a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.200 y los 450 euros.
A.C.N. facilitaba presuntamente, de este modo, que los ciudadanos extranjeros pudieran presentar solicitudes de autorización de residencia y trabajo por arraigo, según indica el escrito de calificación provisional al que tuvo acceso Europa Press.
El Ministerio Público recoge que el acusado, cuya asesoría se ubicaba en la calle Marchales de la ciudad, se habría "aprovechado" de que tenían contratados sus servicios numerosas empresas y que, entre estos servicios, se incluían los correspondientes trámites ante la Seguridad Social.
Así, A.C.N., "quien conocía los datos" de las citadas mercantiles, procedió presuntamente a dar de alta en 2010 de forma "ficticia" ante la administración "a una gran cantidad de personas extranjeras como empleados de las mismas", presentando para ello "numerosos contratos simulados de trabajo".
En concreto, el fiscal hace mención a 20 contratos en un restaurante, cuatro en un centro de Fisioterapia, ocho en un bar, tres en una empresa de cortinas, otros tantos en una mercantil de productos de limpieza, cinco en una empresa de congelados de Albox, 14 en dos negocios de 'Todo a cien' de este último municipio y de Huércal-Overa y diez en un comercio de productos de dietética. También habría formulado contratos fraudulentos para una única persona en un bar, en una tienda de comestibles y en una peluquería.
En el escrito se detalla, asimismo, que, en uno de los casos, a una ciudadana extranjera a la que había cobrado 1.200 euros por la documentación ficticia, le denegaron el permiso de trabajo y residencia la ser detectado el fraude mientras que, en otro caso, el perjudicado observó como supuestamente falseaba la firma del empresario en un contrato inexistente para una empresa de maquinaria y frío industrial.
A.C.N. se enfrenta a un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a otro de falsedad por el que se solicita, además de la pena conjunta de privación de libertad, el pago de una multa de 12 meses a razón de 200 euros al día e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad profesional de gestor por periodo de seis años.
