Greenpeace ha advertido de que la modificación del planeamiento urbanístico de Carboneras (Almería) que califica El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección y que aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) no tiene "valor alguno", y ha subrayado que se trata de una "maniobra municipal" para "eludir" la acción de la justicia.

En un escrito elevado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el colectivo conservacionista remarca a la sala que requirió al ayuntamiento para que anulase los sectores urbanísticos ST-1, donde se asiente el hotel de Azata del Sol, y ST-2 o El Canillar, que lo que se publicó en BOP el pasado día 16 es una "dación de cuentas" de la citada modificación que, sin embargo, "no ha sido aprobada provisionalmente por el pleno" de la corporación local.

Greenpeace indica que para que la modificación del PGOU que supone la calificación como no urbanizable del Algarrobico al gozar de grado de protección C1 por estar enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar pueda ser inscrita en el Registro General de Planeamiento de la Junta de Andalucía debe primero ser aprobada provisionalmente pleno municipal y definitivamente por el propio Gobierno andaluz.

"Dicha publicación carece de valor alguno y no supone el cumplimiento de la sentencia", apunta el escrito, consultado por Europa Press y en el que se afirma que no se trata "de un error" por parte del ayuntamiento carbonero, sino "de una maniobra municipal para eludir ser apercibidos de desobediencia por la sala".

Greenpeace avisa, asimismo, de que la planimetría que acompaña a la modificación publicada en el BOP y con la que se "simula cumplir la sentencia" del Alto Tribunal "sigue sin adaptar" a la ley la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre a los 100 metros acordados en tres sentencias firmes.

El escrito recuerda que, en 2009, el ayuntamiento, entonces gobernado por el también socialista Cristóbal Fernández, "usó" de "forma sesgada" un auto de medidas cautelares del TSJA en el que se ordenaba la protección del Algarrobico y lo "interpretó en sentido contrario" para clasificarlo como urbanizable, lo que "podría constituir un presunto delito continuado de prevaricación".

Añade que, con la "maniobra" perpetrada ahora en el BOP, el ayuntamiento "no sólo" estaría cometiendo el citado presunto sino también uno de "desobediencia" por estar "utilizando todo tipo de argucias para no cumplir la sentencia de la Sala que puso fin a este procedimiento hace cinco años".

APERCIBIMIENTO AL ALCALDE

Greenpeace interesa, al hilo de esto, que el Alto Tribunal aperciba al actual alcalde, José Luis Amérigo, de que puede incurrir en "desobediencia" sino cumple "en sus debidos términos" la modificación del PGOU que ordena la sala

"El Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido hasta la fecha ni una sola de las numerosísimas resoluciones judiciales que se han producido en torno al hotel, postura que es inadmisible en un estado de derecho y merece ser reprochada penalmente", concluye.

En el edicto publicado en BOP, el Ayuntamiento de Carboneras refiere el pleno extraordinario que se celebró el pasado mes de enero en el que la corporación local "tomo conocimiento" de esta modificación de la normativa urbanística y en el que se dio cuenta de que se había remitido el expediente completo a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería "por ser el órgano competente para su aprobación definitiva e inscripción en el Registro de Planeamiento.

A finales de julio, aunque con notificación en los primeros días de septiembre, el TSJA dio diez días al Ayuntamiento de Carboneras para que le informase sobre las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la sentencia y le pidió también que le dijese si se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) esa modificación de la normativa urbanística municipal en lo referente al denominado sector ST-1.

El auto llegó después de que Greenpeace instase por primera vez al TSJA a investigar si el alcalde carbonero habría podido incurrir en presunto delito de desobediencia por mantener en su planeamiento urbanístico la calificación de urbanizable del suelo pese al fallo firma al que ahora da cumplimiento.

En un comunicado, el alcalde de Carboneras consideró que la publicación en BOP mostraba "la total colaboración" del ayuntamiento "para cumplir lo dictado por la justicia" y trasladaba "la plena colaboración que mantiene y mantendrá el gobierno municipal en este asunto".