El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha alertado de que la actual redacción del Estatuto del Becario "pone en riesgo la igualdad de oportunidades". A su juicio, el texto que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo "merma" la capacidad de hacer prácticas extracurriculares que son "fundamentales para la empleabilidad" y, por otro lado, favorecerá la existencia "de estudiantes de primera y de segunda", en el caso de las prácticas curriculares, y muy especialmente entre los estudiantes que realizan sus prácticas de Medicina y Magisterio en organismos públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la reunión que ha mantenido con los representantes del Consejo Asesor de Estudiantes, al mismo tiempo que ha reiterado su preocupación por las consecuencias que puede tener el futuro Estatuto del Becario propuesto por el Estado, ya que de seguir adelante "peligra la continuidad de las prácticas externas extracurriculares que realizan al año unos 9.000 estudiantes de las universidades públicas andaluzas en empresas".
Por otro lado, según se indica en nota de prensa, Gómez Villamandos ha asegurado que el Consejo Asesor de Estudiantes tendrá un papel fundamental en la elaboración de la futura Estrategia Universitaria para Andalucía 2023-2027, "un instrumento que establecerá las bases que guiarán la política autonómica de apoyo y fomento de la actividad universitaria en los próximos cinco años como palanca de transformación económica y social".
En este sentido, ha indicado que "para la elaboración del borrador del documento, la Consejería contará con la participación del Instituto Andaluz de Administración Pública, con todas las consejerías de la Junta de Andalucía y con el asesoramiento de personas expertas y referentes en las distintas materias objeto de la Estrategia".
Por tanto, el consejero considera trascendental identificar las necesidades que desde la perspectiva del estudiantado universitario sean requeridas para un mejor desarrollo de las funciones que corresponden a la Universidad al servicio de la sociedad. Ante esto, "es de vital importancia contar con el principal órgano interlocutor entre la Junta y los representantes de los estudiantes en Andalucía", ha apostillado.
Todos los ejes de intervención que se establezcan en el futuro documento se concretarán, según ha explicado Gómez Villamandos, "a partir de la consulta, diálogo y colaboración con los rectores, con los representantes de la comunidad universitaria (personal docente e investigador, plantilla de servicios y administración, estudiantes y Consejos Sociales), así como con los agentes económicos y sociales".
Además, el consejero ha matizado que su departamento estará en constante diálogo con este órgano, ya que escuchar las reivindicaciones del estudiantado universitario va a ser "la tónica general de esta Consejería a la hora de desarrollar propuestas de actuación relacionadas con la actividad universitaria e impulsar medidas que promuevan la innovación y la mejora en los distintos aspectos de la transmisión del conocimiento y la participación estudiantil".
Por otro lado, el titular de Universidad, Investigación e Innovación ha expresado a los representantes estudiantiles que se mantendrá para el próximo curso 2023-2024 la bonificación por rendimiento académico del 99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso anterior, o en los dos últimos cursos en caso de másteres.
Para ello, ha detallado "el presupuesto de 2023 contempla una cuantía económica de 45 millones de euros".
En otro orden de cosas, Gómez Villamandos se ha referido al aumento del cinco por ciento del complemento autonómico para el programa Erasmus+, en el que ha habido un descenso de estudiantes en los últimos años como consecuencia de la pandemia, contando con un presupuesto para el año que viene de doce millones de euros.
Además de tratar asuntos relevantes en materia de fomento del deporte y la cultura entre el estudiantado, en la reunión de trabajo se ha abordado también el nuevo decreto de ordenación de enseñanzas universitarias para dotar de una mayor flexibilidad a nuestras universidades a la hora de modificar y crear nuevos másteres y grados, siempre dentro de unos parámetros razonables que aseguren la viabilidad social y académica.
Con este decreto que acometeremos desde el diálogo y colaboración con las universidades andaluzas lograremos actualizar y ordenar la oferta académica "con el fin de contar con un marco universitario público más realista, competitivo y atractivo", ha concluido.
