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Martes 16/07/2024
 

Andalucía

Las lenguas cooficiales podrán usarse en el Congreso desde el pleno del martes

En el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva

  • Congreso de los Diputados. -

La Mesa del Congreso ha acordado con los votos de la mayoría progresista que las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- puedan utilizarse desde el pleno del próximo martes, 19 de septiembre, el primero de la XV Legislatura y en el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva.

Además de las lenguas cooficiales que requerirán traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención.

De esta forma se pone en marcha el uso en el Congreso de las lenguas diferentes del castellano, que empezarán a escucharse en el pleno del martes 19, que comenzará a las 12:00 horas, así como en los siguientes plenos del jueves 21 y durante los plenos de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre.

El PP se ha opuesto en la Mesa del Congreso tanto a la tramitación de la proposición de reforma del Reglamento como al texto que se ha presentado para que pudiera hablarse en otras lenguas desde la próxima semana y que, según han informado, no estaba en el orden del día.

Fuentes populares han avisado de que la implantación del uso de otras lenguas antes de aprobarse la proposición de reforma del reglamento y sin un informe jurídico supone "saltarse las reglas parlamentarias".

De hecho el PP pidió este informe a mediados de agosto y este miércoles lo vuelto a urgir ya que la proposición registrada es de "dudosa constitucionalidad" puesto que aluden que la implantación de una lengua diferente al castellano se pretende hace de forma general y sin limitación y afecta al "todo el funcionamiento de la Cámara".

"Hay que guardar de forma escrupulosa los procedimientos. Es una falta de respeto al Parlamento", recuerdan tras criticar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no haya buscado el consenso en reuniones anteriores con los partidos.

Los populares también avisan de que los letrados del Congreso advierten de que con las traducciones se pueden alterar los plazos de presentación de enmiendas o la "inmediatez" que rige la Cámara Baja.

De momento, la Junta de Portavoces concretará este jueves cómo se realizarán las contrataciones de los traductores que acudirán a la Cámara en los próximos plenos y que fuentes de la Mesa del Congreso enmarcan en contratos puntuales y de carácter "extraordinario y excepcional", por lo que no requiere ahora abrir un concurso público.

Recuerdan que así se contrató a los intérpretes de ucraniano cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en el hemiciclo del Congreso, aunque el PP recalca que el caso es diferente porque el castellano lo hablan todos los diputados.

"Estas decisiones tienen consecuencias económicas. Hay que estar sujetos a ley de contratación administrativa. No pueden saltarse la ley porque es dinero de todos los españoles", inciden otras fuentes populares que integran la Mesa y que estudiarán todas las posibilidades para frenar esta decisión.

Asimismo, lamentan que el PSOE haya rechazado una proposición similar en la anterior legislatura y que ahora la apoye "a cambio de votos".

La proposición de reforma del Reglamento se tomará en consideración y se votará el martes 19 a las 12:00 horas, mientras que en el pleno del jueves 21 se debatirán y votarán las enmiendas que se presenten a la iniciativa ya que se debe respetar el margen de 48 horas para presentar enmiendas.

Fuentes del Congreso inciden en que el operativo técnico no supondrá un problema ya que actualmente existe un equipo de materiales y sistemas, como auriculares, que en todo caso se ampliará cuando la implantación del uso de las lenguas sea completa.

Asimismo, garantizan la comprensión de todos los debates y documentos y su legalidad jurídica, e inciden en que todo lo que se publique en el boletín de la Cortes será revisado por los servicios jurídicos.

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