El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras y a través de sus abogados que está siendo víctima de una persecución política, durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump, que durará casi tres meses y puede ser crucial para sus negocios.
Trump acudió voluntariamente a la Corte Suprema de Nueva York y, si bien mantuvo una actitud estoica en la sala, aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para calificar el proceso de "caza de brujas" y arremeter por su ideario demócrata contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron.
El favorito republicano a la Casa Blanca, cuyo camino electoral puede complicarse por las causas judiciales que afronta en los próximos meses -aunque las encuestas no indican que estén mermando su popularidad-, estuvo acompañado en el banquillo por su hijo Eric y un equipo de abogados a los que escuchó atentamente en silencio, según medios locales.
Lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada.
Los argumentos de apertura fueron cortos y pusieron de relieve los extremos en que se sitúan ambas partes: la fiscal James declaró que "nadie está por encima de la ley" aunque tenga dinero y poder, mientras que los abogados de Trump pintaron a su cliente como un visionario sin intención defraudadora.
¿Intención de defraudar o Mona Lisas inmobiliarias?
La Fiscalía expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2.078 millones de euros.
Mucho está en juego para el expresidente, especialmente su fuente de ingresos en Nueva York: el juez ha cancelado sus licencias de operación, los fiscales reclamaron hoy que se le prohíba hacer negocios y está por determinar la compensación por daños, que podría ascender a 250 millones de dólares.
La defensa de Trump, por su parte, se ha centrado en matizar las acusaciones y cuestionar tanto la evaluación de las pruebas -asegura que las valoraciones de los activos son subjetivas y así se describían- como el resultado de las transacciones: los bancos recuperaron su dinero prestado y sacaron beneficios.
"El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario", llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1.000 millones.
Empieza el desfile de testigos
"Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en las elecciones", dijo a los medios Trump, que describió sus declaraciones financieras como "fenomenales" y aseguró que no hubo "víctimas" de los préstamos a la Organización mirados con lupa, ya que "nunca hubo impago" a los bancos.
No está claro si Trump se presentará también mañana en el tribunal, pero figura en las listas de testigos de ambas partes, que suman más de cien personas, buena parte de ellas trabajadores o extrabajadores de la empresa, y que ya han comenzado a sentarse en el banquillo.
La Fiscalía llamó a su primer testigo, Donald Bender, un contable que fue llamado previamente en el juicio por evasión fiscal contra la Organización Trump en el que fue condenado Allen Weisselberg, antiguo jefe financiero y uno de los acusados en esta causa.
Bender trabajaba en Mazars, la antigua empresa de contabilidad de la Organización Trump y el propio Trump, y reveló hoy que recopilaba las declaraciones de condición financiera sin realizar un análisis o "revisar los procedimientos" para obtener la información.
