En la orden enviada a la asociación de la Memoria Histórica, Cultura admite que tuvo conocimiento de esta documentación a raíz de una noticia publicada el pasado 19 de agosto en este periódico. En dicha noticia se informaba a la opinión pública de que la entidad estaba lIevando a cabo un proceso de búsqueda de familiares de los represaliados, por lo que la Junta entiende que esto podría ocasionar “la disgregación de la serie documental producida por el órgano, la atomizacion de la informacion que contienen, la pérdida de los datos históricos que documentan los acontecimientos y posiblemente, la imposibilidad de su recuperacion”.
Por su parte, el presidente de la ARMH, José Manuel Cano, contestará hoy a través de un escrito a la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, en el que se le volverá a poner de manifiesto que estos archivos fueron encontrados en la calle. Además, Cano adjuntará las fichas que posee la entidad y terminará diciendo que pueden “demostrar que nos las encontramos, que no hemos hecho uso indebido de ellas, según creímos al encontrarlas en la calle tiradas”.
El presidente de la ARMH insiste en su carta que el director del Archivo Provincial, Manuel Ravina, se personó hace dos semanas en la sede social de la asociación para ordenar la entrega en el plazo de unos días de este fondo documental: “Para intentar ser cortés con dicha persona y cooperar con la Administracion, le ofrecí todas las fichas que en ese momento podía poner a su disposición y sólo cogio una para su comprobación, quedando que yo le llevaría al Archivo Histórico las que tuviesen los colaboradores. Cuando ellos han ido poniéndose en contacto conmigo me encontré con que no había más, 11evando 1as que tenía a1 Archivo. Este mismo señor 1as rechazó pensando que podría tener mi1es, dejándome plantado”.
Por todo esto, Cano considera que no ha incumplido ningún artículo de ninguna ley, y señala que el escrito remitido por la delegada “es amenazador en todos los conceptos, creo que no nos merecemos esto y puede deberse a una mala información que le hayan facilitado”.
Cano se pregunta además si debe entregar también algunas cartas que han llegado a la asociación ofrecidas por los propios familiares y que consideran que “son documentos privados de dichas personas”
