Cinco asociaciones de la Guardia Civil han criticado el acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts porque consideran que "ataca" a la "independencia judicial", mientras que han denunciado que el pacto de investidura supone su "expulsión" del País Vasco y Cataluña.
En un comunicado conjunto, las asociaciones representativas del Instituto Armado, entre las que está JUCIL --la mayoritaria en el Consejo del cuerpo--, han mostrado su rechazo a una ley de amnistía porque creen que se trata de "un ataque" a la "independencia judicial", quebrantando así la separación de poderes, "el pilar básico de un Estado de Derecho".
En un "absoluto respeto y defensa de la Constitución", junto a su "inquebrantable lealtad al Rey" y su defensa del Estado de Derecho, han censurado el punto del acuerdo que establece la creación de comisiones de investigación en el Congreso sobre las actuaciones judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el procès catalán.
En este sentido, los guardias civiles han explicado que se sienten "utilizados como moneda de cambio" en las negociaciones para formar Gobierno, lo que tendrá "graves consecuencias permanentes" para la "seguridad de los ciudadanos".
"La Guardia Civil ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña, cuestión que desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil no estamos dispuestos a tolerar", esgrime el texto difundido por las asociaciones de la Guardia Civil.
INVESTIGACIÓN CONTRA APROGC
El comunicado conjunto de las cinco asociaciones de la Guardia Civil tiene lugar un día después de que el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenara abrir una investigación para identificar a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) tras emitir un comunicado contra la amnistía aludiendo en el mismo a su juramente como militares para "derramar sangre" en defensa de España y la Constitución.
Según han podido confirmar a Europa Press fuentes de la Benemérita, el director dio instrucciones el viernes, horas después de difundirse el comunicado, para que la Jefatura de Información identifique a los responsables de la asociación --que actualmente no tiene vocales en el Consejo del Instituto Armado-- e "iniciar el procedimiento disciplinario y/o penal que pueda existir por el comunicado".
APROGC expresó en una misiva su "profunda preocupación" por el pacto entre PSOE y partidos independentistas catalanes, recordando su juramento "ante la Bandera como militares", por el que están "dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".
Con todo, el pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado la orden a los servicios jurídicos para estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra otra asociación, JUCIL por "quebrantar el principio de neutralidad política" al criticar la "felonía" que suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.
