El gobierno balear que presidía Francina Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros aunque, tres años más tarde, acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.
La Conselleria de Salut del Gobierno balear emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.
El certificado, que obra en el sumario del caso Koldo al que ha tenido acceso EFE, se expidió a los efectos de la "participación" de la sociedad sobre la que pivota la investigación que dirige la Audiencia Nacional "en concursos públicos" y estaba firmado por el subdirector de compras y logísticas del servicio de salud de las islas, Antonio Mascaró.
El Govern balear compró en 2020 casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a esta empresa, pero, una vez suministradas, según informó la Conselleria de Salud, se solicitó un análisis y se determinó que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2.
La administración balear, todavía presidida por Francina Armengol, acabó reclamando en 2023 a la empresa del caso Koldo 2,6 millones de euros, un asunto que, según el sumario, preocupó mucho a varios empresarios investigados y en el que habría tratado de intermediar a su favor Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
El PP ha exigido este viernes la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al entender que el Gobierno balear que presidía entonces fue conocedor y colaborador de una presunta estafa; ella asegura que sería perjudicada por la trama de corrupción, defiende la "legalidad" de todos los contratos y garantiza que cuando se comprobó que el material no tenía la calidad acordada, lo reclamó.
"Yo dejé el expediente firmado para que se devolviera ese dinero y le exijo al actual gobierno de baleares que ejecute ese expediente y consiga la devolución de ese dinero", afirma Armengol.
Por el momento, la investigación ha revelado que Koldo García acudió al exministro, a quien el juez llega a situar como "intermediario" en este asunto, y que trató de quedar con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, aunque este niega rotundamente que se reuniera con él.
La Guardia Civil destaca en uno de sus informes que dos empresarios de la trama asumían que en este tema existía "un importante componente político", en referencia a que "el inicio del expediente se produjo por acción del anterior Gobierno balear (PSOE), y que el mismo actualmente se encuentra presidido por miembros del PP".
En el sumario también constan otras certificaciones similares de administraciones afectadas.
El mismo 12 de agosto de 2020, un alto cargo del Ministerio de Interior, el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Daniel Belmar, avaló que la empresa realizó el suministro de mascarillas acordado por 3,4 millones de euros "con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe".
Desde ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, se emitió un expediente similar, y también desde Puertos del Estado, en este último caso firmado por su secretario general, Álvaro Sánchez, que aparece en varias conversaciones con Koldo García que obran en el sumario.