Independientemente de las obligaciones legales que emanan de los acuerdos plenarios, los tres grupos políticos aprobaron sendas auditorías sobre la situación real del Ayuntamiento y sus organismos autónomos -estos últimos no contemplados en la auditoría de la Cámara de Cuentas- y la de costes. Esta última es aquella en la que se trata de comprobar si los servicios municipales contratados con los proveedores se ajustan a los precios de mercado o han sido las mejores opciones de contratación en defensa del dinero de todos los contribuyentes.
En el caso del PSOE, presente en la Corporación anterior y en la próxima, une la petición aprobada por todos los grupos en 2010 a las promesas electorales, al igual que ocurre a Izquierda Unida y Ciudadanos por San Fernando, en estos dos últimos casos sólo como ofertas electorales, al ser nuevos en el Ayuntamiento.
Los populares de Carmen Pedemonte votaron a favor de las auditorías, con y sin Pedemonte, y aunque no ha habido promesa electoral de auditar las cuentas municipales, sí existe la intención de los populares andaluces de auditar tanto diputaciones como ayuntamientos en aras de la transparencia de la que quiere presumir el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas.
Se da la circunstancia de que hasta el Partido Andalucista, cuya gestión iba a estar en el punto de mira de las auditorías externas, votó a favor de la propuesta de los socialistas, aunque después de mucho resistirse y abogar porque fuera la Cámara de Cuentas la que se encargara de tal cometido. Cometido del que se encargó, pero que al no gustar al PA, el alcalde decidió encargar una contra auditoría a un abogado para contradecir a la Cámara.
Para la auditoría externa hay incluso librados 30.000 euros de los que a estas alturas no se sabe sobre su disponibilidad.
