La jueza del incendio de Atalayas rechaza investigar a los funcionarios municipales

La jueza que investiga el incendio que el 1 de octubre de 2023 acabó con la vida de 13 personas en dos discotecas de Murcia ha denegado una vez más las peticiones de las partes de investigar si la situación administrativa de las salas, que carecían de licencia, influyó en el trágico desenlace del suceso, y declina también imputar a media docena de funcionarios municipales.

La magistrada ha emitido varios autos en ese sentido, fechados el 20 de enero y a los que ha tenido acceso EFE, en el marco de la fase de instrucción abierta para investigar trece posibles delitos de homicidio imprudente, y que se prorrogó por seis meses el pasado octubre.

Varios de los abogados de las partes habían solicitado que se aportaran a la causa expedientes administrativos municipales relacionados con las inspecciones llevadas a cabo en las salas de fiestas, que aunque funcionaban como dos negocios diferentes, tenían una única licencia sobre la que, además, pesaba una orden de cierre que no había llegado a ejecutarse.

La jueza, como ya había hecho en pronunciamientos anteriores, considera que la situación urbanística en que se encontraban las dos discotecas de la conocida zona de ocio de Atalayas no puede derivar en una responsabilidad penal en este caso, por lo que rechaza todas esas peticiones ya que descarta “por ahora que la actuación administrativa urbanística tuviera una relación causal de naturaleza penal con el incendio y su resultado”.

Es la misma conclusión a la que ya llegó en sus autos de 16 de noviembre de 2023 y de 6 de marzo de 2024, en los que desestimaba investigar la posible responsabilidad penal del Ayuntamiento al considerar que “la situación urbanística en sí a lo sumo pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no penal”, autos que están recurridos por los representantes legales de las víctimas de la tragedia ante la Audiencia Provincial de Murcia, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Del mismo modo, la jueza rechaza citar como investigados a siete funcionarios del Ayuntamiento de Murcia que participaron en la tramitación de los expedientes administrativos de las discotecas, una petición que había formulado el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de tres de los fallecidos en el incendio.

En concreto, estos afectados habían solicitado la declaración en calidad de investigados del jefe de Negociado de Actividades del Ayuntamiento de Murcia, que habría dejado sin efecto la orden de cese de la actividad de Teatre, donde la investigación sitúa el origen del incendio, y de la jefa de Sección de Disciplina de Actividades, que instruyó expedientes de disciplina de actividades por falta de licencia a Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas.

También pedían que acudiesen al juzgado como investigados la ingeniera técnica industrial del Servicio de Actividades; el jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades; el arquitecto técnico municipal, el jefe del Servicio de Protección Civil-Prevención de Incendios, y el ingeniero técnico industrial del Servicio Técnico de Obras y Actividades.

La jueza, no obstante, no investigará por el momento a ninguno de ellos, porque considera que eso supondría incidir en la cuestión urbanística que, insiste, “a lo sumo pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa pero no penal”, por lo que no es actualmente objeto de investigación en esta causa.

Sí admite que acudan a declarar como “perjudicados/testigos” tres víctimas supervivientes del incendio, una de ellas, además, pareja de una de las personas que fallecieron, tal y como había solicitado su abogada, Rosa Egea.

Acepta también la petición de los propietarios de las naves siniestradas, que tenían alquiladas a los dueños de las discotecas, de escuchar los testimonios de clientes y empleados de Teatre sobre la hora en que dejaron de utilizarse las máquinas de fuegos fríos que los investigadores consideran que provocaron el fuego.

Del mismo modo, descarta que la organización Manos Limpias pueda personarse en la causa como acusación popular, así como la petición del sindicato UGT de conocer el listado de trabajadores de las salas dados de alta la noche del incendio y su testificación en el proceso.