Una vez logrado el control total de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS) y de su empresa pública de agua, Giahsa,
el PP centra ahora sus esfuerzos en justificar lo que desde las filas del PSOE denominan ‘tarifazo’, y que no es otra cosa que la subida del precio del agua que se contemplará en los próximos presupuestos de las MAS, cuyo pleno de aprobación se prevé pronto.
En este contexto,
el discurso del PP ha puesto ahora la lupa en la situación financiera de Giahsa, que a su juicio es lamentable, pese a que en los últimos años el PP votó a favor de las presupuestos y incluso de la polémica refinanciación de deuda.
El presidente del PP de Huelva,
Manuel Andrés González -uno de los protagonistas de esa foto del Pacto del Agua, que más de una década ha devenido en guerra-, ha protagonizado este lunes una rueda de prensa en la que
ha denunciado la “lamentable situación financiera que el Partido Socialista dejó” en la empresa pública Giahsa con “una deuda que asciende a 167,23 millones de euros” y que, a su juicio, refleja la “desastrosa gestión” que hizo el PSOE cuando estuvo al frente”.
En una nota, González ha explicado que
en 2022 con la dirección socialista “Giahsa registró un balance negativo de 33,85 millones de euros”, lo que demuestra, en su opinión, “la gestión irresponsable con el dinero de los ciudadanos” del PSOE dejando a la empresa de agua “al borde de la quiebra”.
“Cuando el Partido Popular asumió la presidencia de la Mancomunidad de Aguas y Servicios (MAS) y la dirección de Giahsa, nos encontramos con una empresa prácticamente arruinada por las malas decisiones tomadas por el PSOE durante su mandato”, ha añadido.
González, sin embargo, obvia que el 30 de diciembre de 2022, el PP votó a favor de los prepuestos de la MAS para 2023, y que meses antes, en abril de ese año, también dio su voto favorable a la refinanciación de la deuda.
Por su parte,
la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reclamado este lunes un modelo de gestión “justo e igualitario” para la MAS y Giahsa, toda vez que ha lamentado que “para dominar políticamente una institución se incorporen a pueblos solamente con el servicio en alta” y que sean estos “los que decidan si subir el precio del agua”.
Así, ha reprochado que
“Cartaya, Palos de la Frontera o La Palma, que se integran solo con el ciclo en alta” sean “los que decidan si va a haber una subida de tarifa a los abonados de la empresa de Giahsa”.
Además, ha abogado por implementar una mesa de trabajo en la que “se aborde el futuro y la problemática del agua en la provincia”, sobre todo “no intentando desatender a los municipios pequeños”.