El Ayuntamiento de Níjar (Almería) registró el viernes anterior al desahucio del asentamiento chabolista del Cortijo El Uno la petición directa de un total de 13 afectados quienes, mediante instancia, hicieron constar su situación de desamparo y vulnerabilidad al carecer de una alternativa habitacional, por lo que reclamaban una actuación municipal "urgente".
Fuentes del Consistorio han confirmado a Europa Press el registro de este auxilio, por lo que "la vía de urgencia estaba prevista" si bien "el día del lanzamiento judicial todos los moradores se buscaron una alternativa habitacional", según han explicado para justificar por qué no llegaron a desplegarse medios.
"Previo al lanzamiento se hizo lo que dictaminó el juez en su momento" en relación a la elaboración de "informes de vulnerabilidad" desde el área de servicios sociales, según han añadido desde el Ayuntamiento nijareño, donde han apuntado que la forma en la que se tuvo constancia de que todos los afectados "se buscaron una alternativa" por sus propios medios fue "porque allí no quedó nadie tras el desalojo".
No obstante, desde algunas entidades y asociaciones humanitarias que trabajan en la zona han indicado a Europa Press que hasta última hora de la tarde de este martes hubo desalojados que aún no sabían dónde iban a pernoctar, por lo que tuvieron que "buscarse la vida" de distinta manera a través de "soluciones precarias y provisionales".
En este sentido, han detallado a modo de ejemplo que un hombre habría encontrado cobijo en el almacén de un amigo mientras que otros dos, por mediación de las mismas entidades, pudieron acomodarse en el centro municipal de acogida de la capital almeriense. Por su parte, una familia fue recibida provisionalmente por unos familiares y una mujer decidió marcharse a Huelva, entre otros casos.
"DESCONCIERTO" Y "FRUSTRACIÓN"
Las organizaciones humanitarias y entidades sociales han incidido en el "punto de inflexión" que la actuación municipal marca con este desalojo, ejecutado bajo mandato judicial, sin asistencia social y sin que se propusiera una alternativa habitacional para los afectados, de cuya situación se sabía.
Para algunas de las entidades que participan en la mesa del Tercer Sector, la falta de actuación municipal ha causado "mucho desconcierto" y "mucha frustración" ya que, según han observado, "no responde a lo que hay que hacer" así como tampoco "a lo que han dicho las autoridades que querían hacer" a la hora de acabar con la infravivienda en un municipio que cuenta con hasta 32 asentamientos.
"Nos dijeron que no querían repetir los errores anteriores, refiriéndose explícitamente al desalojo del Walili. Bueno, pues así estamos dos años después, desalojando a personas sin ofrecer alternativas", han trasladado a Europa Press desde el Servicio Jesuita a Migrantes en relación a la postura manifestada por actual equipo de gobierno (PP-Vox) de Níjar al inicio del mandato.
Desde la Fundación Almería Tierra Abierta han incidido en la "responsabilidad" de las administraciones, que en estos casos "no deben mirar hacia otro lado ante este tipo de situaciones de carácter humanitario sino, más bien al contrario, deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el bienestar a quienes, precisamente, más lo necesitan".
Las organizaciones se han mostrado favorables a la progresiva liquidación de los asentamientos conforme a los planes autonómicos y municipales de erradicación del chabolismo, pero siempre y cuando se pueda garantizar un realojo a sus moradores, lo que pasa por la generación de "alternativas" y "soluciones habitacionales" en las que ven precisa la implicación del tejido empresarial y de las propias entidades sociales.
"La ley vigente permite a las administraciones proteger a la ciudadanía en estos casos e, incluso, les obliga", han insistido desde Almería Tierra Abierta ante un episodio que ha dejado "absolutamente desamparadas" a unos 50 adultos y nueve menores.
Con ello, han añadido que los municipios almerienses en los que la agricultura intensiva es el principal motor económico "no pueden seguir mirando para otro lado ante situaciones como la actual, ni ante cualquier situación que suponga sumir en la exclusión y en la injusticia social a miles de personas que han acudido a nuestra provincia a trabajar, hombro con hombro, para cubrir la demanda de mano de obra del campo y de otros sectores productivos".
La Fundación Almería Tierra Abierta ha hecho así un llamamiento a los ayuntamientos y resto de administraciones competentes para que "den una respuesta eficiente y digna a las familias que se encuentren en la misma situación que las del Cortijo El Uno".
