Los vecinos que forman parte la plataforma de afectados de la séptima fase del Cerro del Moro han denunciado “la insistencia de la Junta de Andalucía por transmitir a la ciudadanía que la construcción” de los nuevos pisos por medio de unas declaraciones del alcalde, Bruno García, “se realiza en las mismas condiciones que las fases anteriores, cuando saben perfectamente que las cinco fases anteriores correspondía a inquilinos y no a propietarios, y la sexta fase es alquiler con opción a compra en un plazo máximo de 25 años, pudiendo ejercer su derecho a compra a partir de los 6 años”.
Respecto que a los vecinos afectados se les ofrecerá una escritura pública con las clausulas de derechos sucesorios y de derecho de adquisición, el portavoz de los afectados, Enrique Estévez manifiesta que “es un engaño más, no es posible dentro de la línea 6 de los fondos europeos, ya que están destinados a viviendas de alquiler social y estarán protegidas durante 50 años, tras los cuales se decide si continúan siendo viviendas sociales o se ponen a la venta; el inquilino que esté en ese momento tendrá que abonar lo que cueste la vivienda, sin tener en cuenta lo que se haya pagado hasta entonces en concepto de alquiler, por lo que vuelven a engañar, en este caso deliberadamente, ya que ellos conocen perfectamente las condiciones”.
“Nos seguimos por tanto haciendo la misma pregunta que, todavía han sido incapaces de contestar, ¿por qué se pide una subvención que les impedía cumplir con el compromiso adquirido con los propietarios? ¿Por qué se pide el Programa 6 cuando en la financiación europea existen otras líneas posibles para viviendas en propiedad? ¿Qué intereses hay detrás de que se seleccione una línea de financiación y no otra de los mismos fondos europeos que se adapta mejor a las necesidades de vecinos y vecinas? y lo más importante, ¿por qué todo esto se realizó de manera unilateral y con total falta de transparencia a espaldas de los propietarios y propietarias?”, plantea Estévez.
Los vecinos afectados, se han reunido tanto con distintos partidos y con la subdelegada del Gobierno en Cádiz, así como con la oficina del defensor del pueblo, no obteniendo respuesta a las citas solicitadas tanto con el alcalde, Bruno García, como con la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, “a pesar de la insistencia de los afectados por mantener estas reuniones”.
