Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres para su explotación sexual en pisos prostíbulo ubicados en las provincias de Sevilla, Barcelona y Las Palmas. Utilizaban un call center para gestionar las citas y han liberado a cuatro mujeres, además de desmantelar cuatro pisos donde se ejercía la prostitución las 24 horas del día.
Las víctimas, de origen latinoamericano, eran captadas para trabajar en nuestro país mediante ofertas ficticias publicadas en internet. Por el traslado hasta España adquirían una deuda de entre 3.500 y 4.000 euros que tenían que saldar ejerciendo la prostitución las 24 horas del día, siete días a la semana.
El entramado también contaba con un piso utilizado como “call center” para la recepción de llamadas de los clientes atendido por mujeres que eran explotadas laboralmente. Los beneficios de la organización se incrementaban con la venta de sustancias estupefacientes a los clientes, y se han detectado movimientos de dinero de más de 800.000 euros por parte del principal responsable.
Hay 14 personas detenidas en las provincias de Barcelona (10), Sevilla (2) y Las Palmas (2), una de las cuales ha ingresado en prisión provisional, y cuatro mujeres han sido liberadas. Cuatro pisos utilizados como prostíbulos han sido clausurados.
La investigación dio comienzo en el año 2023 con una denuncia que alertaba de la existencia de una organización criminal que podría estar desarrollando actividades compatibles con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otros delitos conexos en varias provincias españolas. Las diversas indagaciones puestas en marcha desde ese momento por los investigadores confirmaron la presencia del entramado criminal asentado principalmente en la provincia de Barcelona y con ramificaciones en Las Palmas y Sevilla.
La organización criminal, a través de colaboradores residentes en los países de origen de las víctimas, captaba a mujeres jóvenes y atractivas que vivían en estado de necesidad mediante ofertas de empleo ficticias para trabajar en España. Una vez persuadidas, las mujeres eran trasladadas vía aérea hasta Madrid, donde eran informadas de su verdadera situación e iniciadas en el ejercicio de la prostitución para satisfacer la deuda adquirida por el traslado, que podía ascender hasta los 4.000 euros.
Disponibles 24 horas la día
Las víctimas eran distribuidas entre los distintos pisos con los que contaba la organización en las provincias de Barcelona, Sevilla y Las Palmas, donde tenían que estar disponibles para los clientes las 24 horas al día, siete días a la semana, obteniendo sólo el 50% de los beneficios generados. Vejadas y amenazadas por los explotadores, eran forzadas a consumir drogas y sometidas a un estricto control que las obligaba a permanecer la mayor parte del día en los pisos, con salidas limitadas al exterior.
Las mujeres debían convivir y dormir en esos mismos pisos donde ejercían la prostitución, hacinadas en condiciones insalubres en una única habitación repleta de cochones, sufriendo numerosos cortes de suministros esenciales como el de luz o agua, y sufragándose ellas mismas todos los gastos relacionados con la vida diaria.
Explotación laboral en un “call center”
El entramado criminal contaba con una importante infraestructura en nuestro país. A los diversos pisos que poseían dedicados al ejercicio de la prostitución se sumaba otro inmueble que habían habilitado como “call center”, donde hasta siete mujeres eran explotadas laboralmente en tareas de recepción de llamadas de los clientes que solicitaban los servicios sexuales de las otras víctimas de los explotadores.
Durante el desarrollo de la investigación los agentes han podido constatar que el entramado incrementaba sus beneficios con la venta a los clientes que acudían a sus pisos de distintas sustancias estupefacientes -cocaína, tusi y anfetaminas- así como medicamentos para la disfunción eréctil. A su vez, los investigadores han detectado que el principal cabecilla de la organización habría recibido a través de una aplicación de pago por teléfono móvil más de 800.000 euros en los últimos cuatro años, dinero presuntamente proveniente de las actividades ilícitas desarrolladas.
La operación ha incluido la entrada y registro de cinco domicilios en los que se ha intervenido joyas por valor de 30.000 euros, 4.530 euros en metálico, 35 gramos de cocaína, 337 gramos de anfetamina, 11 gramos de cannabis y 98 pastillas para la disfunción eréctil.
