Gobierno y ATMJ tendrán que dirimir sus diferencias ante el Juzgado de lo Social

El Juzgado de lo Social será en última instancia quien deba pronunciarse acerca de la legalidad de las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local al respecto del recorte de las productividades a aquellos trabajadores municipales que perciben más de 40.000 euros anuales. El Ayuntamiento y la Asociación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) estaban citados ayer a un segundo encuentro en el Sercla con el objetivo de evitar que la demanda interpuesta por el colectivo de trabajadores se resolviera por la vía judicial.

Sin embargo, el encuentro entre ambas partes no aportó ninguna novedad en relación al que ya mantuvieron la pasada semana, toda vez que unos y otros defendieron los mismos argumentos que han venido esgrimiendo en estas últimas semanas. El Ayuntamiento -representado por dos letrados- defiende la legalidad de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno Local, mientras la ATMJ no se opone a una rebaja salarial pero exige que la medida se aplique desde el “consenso” y no desde la “imposición”.

El presidente de la ATMJ, Tomás Lucero, lamentó que el acta de la reunión se firmara sin la avenencia de las partes, toda vez que el colectivo tenía “voluntad” de alcanzar un acuerdo “sin necesidad de llegar al juzgado”, algo que ocurrirá finalmente dada la “negativa” del Consistorio a ceder a las pretensiones de este colectivo de trabajadores.

El Gobierno local entiende la postura de esta organización, al tiempo que “lamenta” que “se haya tenido que llegar a esta situación” debido al “colapso” de la Tesorería, que ha “obligado” al Ejecutivo popular a adoptar “medidas con carácter de urgencia”. A este respecto, el Gobierno local insiste en que el Plan de Ajuste Económico “se ajusta a la legalidad y es necesario para poner orden en las cuentas públicas”, ya que en caso contrario “será imposible atender el pago de las nóminas a la plantilla”, así como cumplir con las obligaciones contraídas con “las concesionarias, las entidades bancarias y los proveedores”.


Las ‘cuentas’ de los técnicos

De manera paralela, la ATMJ ha divulgado unos datos relativos a los salarios que perciben los trabajadores del Ayuntamiento con el objetivo de responder a las “imprecisiones, falsedades, visiones sesgadas e incoherencias” del Gobierno local, que en opinión del colectivo tratan de “justificar” unos posicionamientos que tildan de “intransigentes” y “draconianos”.

Entre otras cosas, la ATMJ cuestiona que el límite a partir del cual se aplica el recorte se sitúe en los 40.000 euros anuales, que “casualmente” deja fuera de la medida “a un colectivo muy belicoso de funcionarios”. Al margen de ello, el estudio realizado por la organización de las retribuciones del personal pone de manifiesto que los técnicos municipales (A1 y A2 en los cuadros que se adjuntan) no integran el colectivo que más gasto de personal representa para el Ayuntamiento, ya que sólo suman el 19,2 por ciento del total del capítulo 1.

De igual modo, se pone de manifiesto que el salario del 71,4 por ciento de los técnicos se mueve entre los 30.000 y los 55.000 euros y que incluso un 7,3 por ciento no alcanza esta cantidad. En el lado opuesto se encuentra un 1,1 por ciento del total de los técnicos, cuyas retribuciones anuales exceden de los 100.000 euros.

En comparación con las retribuciones medias que ofrece la Encuesta anual de estructura salarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ha sido utilizada por el Gobierno local para elaborar el Plan de Ajuste Económico, se llega a la conclusión de que los técnicos del Ayuntamiento “no sólo no están por encima, sino que constituyen el único nivel” de los trabajadores municipales que se encuentran por debajo de la media, tal y como puede apreciarse en el cuadro superior.

La ATMJ recuerda por último que los técnicos municipales “son trabajadores con titulación universitaria”, muchos de los cuales “avalan con sus conocimientos las decisiones” que adopta diariamente el Gobierno local, por lo que tienen “responsabilidad penal” sobre los informes que suscriben, tienen “dedicación exclusiva”, además de darse el caso de que la mayoría “lleva toda una vida” dedicada al Ayuntamiento.