El presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Juan Pedro Alvarez Giménez, ha declarado hace unos días que la demanda de comida en la capital se ha disparado desde principios de año y que su organización registra casi 2.000 personas más mensualmente como demandantes de auxilio alimenticio, con la particularidad de que se está creando otro tipo de pobre: “la persona que nunca había estado en esta situación, que incluso no la había visto cerca y que ahora la está padeciendo”.
Con 90.000 parados en números redondos, muchísimos de ellos de larga duración y sin esperanza de encontrar trabajo a corto plazo, y con miles de familias sin ingreso alguno, estamos en una situación de auténtica emergencia social en que toda ayuda parece poca. Y, sin embargo, el Ayuntamiento parece que no se entera y que da la espalda a los desfavorecidos cuando, con ‘nocturnidad y alevosía’, ha suspendido el bonobús solidario de tapadillo, confiado en que esta decisión impopular no trascendiera a la opinión pública y cometiendo una torpeza tras otra en la gestión del problema.

Y es que, una vez dejado en evidencia por las informaciones de este periódico, ha añadido a su error político inicial el de haber presentado a los parados beneficiarios del bonobús como unos defraudadores, responsables del 95% de las irregularidades detectadas en los títulos de viaje de Tussam, sin más matizaciones.

Argumentario de Zoido
En esta línea argumental insistía Zoido una y otra vez tras estallar la polémica y surgir un clamor en contra de la decisión municipal en los partidos de la oposición, las centrales sindicales y organizaciones de consumidores como Facua. El alcalde, en rueda de prensa, abundó en ese mensaje a la opinión pública de que “han existido grandes irregularidades”, para contradecirse a sí mismo cuando añadió: “No sé cuántos casos de fraude habrá habido”. Pero volvió a la carga: “Habrán sido muchos y de circunstancias muy diversas. Se presupuestó el mismo dinero que en ejercicios anteriores a pesar del aumento del paro porque se creyó que se podría controlar el fraude”. Y más vuelta de tuerca a la misma idea: “Se está comprobando la situación para documentar las irregularidades y realizar una nueva normativa que evite el fraude”. Según Zoido, es lamentable que se hayan cometido estas “irregularidades” cuando se ha de “atender a personas en estas situaciones”.

Asociar los términos “fraude” e “irregularidades” al bonobús solidario ha sido la línea de defensa argumental del Ayuntamiento, pero se le ha derrumbado como un castillo de naipes cuando el PSOE difundió a continuación un documento firmado por el director-gerente de Tussam, Manuel Torreglosa, el pasado 27 de junio, en el que afirmaba que el nivel de fraude detectado en esta modalidad de tarjeta de viaje hasta mitad de año era de un 2% en números redondos; y en el conjunto de todos los bonobuses de Tussam sólo representaban el 0,07% del total.

Unas cifras mínimas
Carente ya por completo de esa coartada, el gobierno local tiró de estadística actualizada hasta septiembre para tratar de incrementar las cifras del fraude. Al final, según sus cuentas, como en el ínterim se ha pasado de 8.000 bonobuses a 12.000, los 450 retirados por irregularidades suponen un 3,75% del total de los solidarios, no del total del conjunto de títulos expendidos por Tussam.

No hay, pues, fraude masivo ni mucho menos, y estas cifras le han dado pie al líder de la oposición, Juan Espadas, a decir que por tanto la suspensión se basa “en una mentira como un piano”. Tampoco ha explicado con detalle el Ayuntamiento dónde radica el fraude, aunque parece que alude a su intento de utilización por otros familiares distintos al titular o a su uso más allá del período de seis meses para el que es concedido, unas circunstancias ‘a priori’ fácilmente detectables por los conductores de los autobuses y que en el segundo de los casos denota que el periodo de validez es demasiado corto y que sería conveniente plantearse ampliarlo a un año.

Así pues, en un error tras otro, el gobierno local ha tratado de ‘criminalizar’ al 96,25% de parados con bonobús solidario que lo usan correctamente,  al meterlos en el mismo saco con el 3,75% restante autores de las irregularidades, cuando señalaba que el 95% de los fraudes en Tussam eran por este tipo de títulos de viaje. Nunca fue más apropiada que a esta situación la frase de justos pagando por pecadores.

Se avisó en el CES
Si el Consistorio ha tratado de escaparse por la tangente del supuesto fraude masivo es porque políticamente era indefendible la evidencia de que pese a que con el ‘alcalde del empleo’, tal como se presentó a sí mismo Zoido a los sevillanos antes y durante la campaña electoral, el número de parados en Sevilla ha seguido incrementándose, el gobierno local reducía el presupuesto para el bonobús solidario en nada menos que un 10,7%: de 2.800.000 euros a 2.500.000. Y ello también pese a la advertencia o premonición de los agentes sociales, expresada en el seno del Consejo Económico y Social de la ciudad, de que no parecía la decisión más adecuada, habida cuenta de la gravísima situación económica y de que no había visos de que la situación pudiera cambiar a corto plazo.

Los peores temores de los sindicatos se han cumplido y a Zoido se le ha acabado el dinero para el bonobús solidario este verano, justo en paralelo a dos polémicas que implicaban una generosa asignación de recursos para otras iniciativas mucho menos perentorias: 180.000 euros para alicatar con azulejos la zapata de Triana y 230.000 euros para teledirigir propaganda a los distritos a través de Internet. Dicho de otro modo: el 73% de la suma de estas dos iniciativas equivale a los 300.000 euros detraídos al bonobús solidario.

Dinero hay
¿Cuál es el orden de prioridades del Ayuntamiento? ¿Puede defenderse que en una situación de emergencia social el Consistorio reduzca la partida destinada a la protección social que supone el bonobús solidario y que no la amplíe cuando se agota? Máxime cuando demuestra tener fondos para otras actuaciones perfectamente aplazables, cuando no ya prescindibles.
A Zoido le han faltado reflejos políticos para revertir la situación por propia iniciativa o incluso recogiendo el guante lanzado por los partidos de la oposición municipal y los agentes sociales de que recurriera a modificaciones presupuestarias para mantener este programa que facilita la movilidad de los parados en busca de trabajo, sobre todo cuando todavía le queda un as en la manga: los 3 millones de euros sobrantes o aún no gastados del acuerdo al que llegó con el Ministerio de Hacienda.

En vez de reaccionar sobre la marcha, como ha hecho al restablecer a última hora los premios de jubilación para los pensionistas, y dotar financieramente el bonobús solidario para ya tan sólo los tres meses que le quedan para la finalización del ejercicio, fue y se enrocó en el falso argumento del fraude masivo. Ha proyectado así ante la opinión pública la imagen de que se desentiende de los 90.000 parados de la ciudad y de que los abandona a su suerte.

Ni siquiera  ha sabido corregir la situación por un mero cálculo electoralista al margen de una cuestión de humanidad: esos 90.000 parados también votan y arrastran con sus votos el de muchos de sus familiares y amigos. Ahora, de una forma incomprensible por la sucesión de torpezas en la gestión del asunto, Zoido se ha señalado ante ellos como el alcalde que les quitó el bonobús.