PSOE-A e IULV-CA piden un debate general en Pleno para fijar la posición andaluza ante el nuevo modelo de financiación

Publicado: 08/03/2014
Con propuestas de resolución
PSOE-A e IULV-CA han solicitado la celebración de un debate general en el Pleno del Parlamento andaluz con propuestas de resolución con el objetivo de fijar la posición de la comunidad ante el nuevo modelo de financiación autonómica.

   Así figura en una propuesta conjunta registrada por los dos grupos que sostienen el Gobierno andaluz y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

   En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, PSOE-A e IULV-CA recuerdan que "el Gobierno de la Nación se ha comprometido a modificar este año el sistema de financiación autonómica y se están sucediendo los pronunciamientos de diferentes comunidades acerca de las bases sobre las que articular el nuevo modelo".

   Según ambos grupos, "la mejor manera de afrontar una reforma tan compleja es desde el debate y el diálogo entre los diferentes grupos para que los ciudadanos puedan conocer la posición de la Cámara autonómica sobre los criterios que se proponen a la hora de revisar el modelo al objeto de conseguir un sistema más justo que corrija los desequilibrios actuales".

ANDALUCÍA, "INFRAFINANCIADA" CON LA APLICACIÓN DEL MODELO VIGENTE

   PSOE-A e IULV-CA coinciden en que, aunque la Constitución "establece que no podrán existir privilegios económicos o sociales entre comunidades y que en la asignación de recursos se garantizará un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales", la aplicación del actual modelo de financiación aprobado en 2009 "ha supuesto una infrafinanciación de la comunidad autónoma".

   En concreto, los socios en el Gobierno andaluz cifran en más de 2.800 millones de euros la cantidad que la comunidad "ha dejado de percibir para financiar servicios públicos" durante los tres años de aplicación del sistema vigente.

   Por último, PSOE-A e IULV-CA también recuerdan que "la Constitución deposita en el Estado el papel de garante de la aplicación efectiva del principio de solidaridad, asignándole la obligación de velar por el establecimiento del equilibrio económico entre las distintas partes del territorio español".

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