El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que regula la organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar (PEF) con el objetivo de "mejorar la calidad del servicio" que prestan por derivación judicial a los progenitores e hijos en situaciones de conflicto o problemas difíciles de convivencia.

   Una de las novedades de esta norma, que según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, "incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales en este tipo de situaciones", es que limita la duración de esta intervención a un período máximo de 18 meses que, no obstante, podrá ser prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente en casos como los de violencia de género.

   El consejero ha explicado que estos PEF son "un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito" que la Junta presta con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar pero que "no es un servicio público en sentido jurídico-administrativo", por lo que se va a limitar a 18 meses la prestación del mismo porque, además de ser un plazo "razonable", la intención última de estos espacios "no es alargar en el tiempo de forma indefinida" esta intervención sino "tender a la normalización de la vida de estos menores afectados por problemas de conflicto existentes entre padres y madres o entre familia y familiares".

   Con todo, ha insistido en que "cuando el juez, razonablemente, pida la ampliación por considerar que persisten los motivos que determinaron la derivación al PEF, solicitará a la Junta que continúe con la intervención". Sobre todo, según ha apostillado, porque entre el equipo técnico de los PEF y los jueces de familia y violencia en Andalucía hay una "comunicación fluida y permanente".

   El hecho de que se haya limitado temporalmente el uso de los PEF también responde a que, de forma paralela, la Junta ha "establecido un nuevo servicio añadido" como es el de la "formación de los padres", a quienes se ofrecerá orientación psicosocial individual y familiar para mejorar sus relaciones y superar la situación de conflicto.

   Según el consejero, este decreto supone un "salto cualitativo" en la atención a menores en situación de riesgo familiar y que acuden a los  puntos de encuentro para que, en este espacio neutral, tengan garantizados el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia.

    El texto, elaborado por la Consejería de Justicia e Interior, regula las intervenciones de los profesionales en el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estará presente al menos uno) como no tuteladas; la supervisión en la entrega y recogida de los menores y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias, y la intervención específica en episodios de violencia de género.

   Para estos casos, que actualmente motivan casi un tercio de las actuaciones, se disponen medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas en los PEF. Además, se fija un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas al inculpado o penado.

   La norma también exige que los PEF dispongan de un reglamento de funcionamiento interno, que deberá ser aprobado por la Administración autonómica, y de un equipo técnico multidisciplinar compuesto por un mínimo de tres profesionales. Respecto al horario, permanecerán abiertos como mínimo los fines de semana y dos días laborables por la tarde, uno de ellos viernes, con el fin de facilitar la conciliación con la vida laboral y escolar. El decreto establece un plazo de tres meses para la adaptación a los nuevos requisitos.

BALANCE DE LOS PEF

   La red de PEF de la Junta, con un presupuesto para este año de 987.227 euros --lo que a juicio de De Llera demuestra la "otra forma de gobernar" del Gobierno de Andalucía frente a los "recortes de otras comunidades" en esta materia--, cuenta con sedes en todas las capitales de provincia y en las ciudades de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga).

   Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de 9.909 menores, en su mayoría menores de 10 años. Además, ha tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de 6 millones de euros.

   El 32 por ciento de los servicios prestados por los PEF están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género, que afectan directamente al 35 por ciento de los menores atendidos. Por modalidades, el 36 por ciento de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33 a visitas tuteladas, el 22 a entregas y recogidas sin pernocta y el nueve por ciento a visitas no tuteladas.