La entidad "Recogesur Social", impulsada por la Asociación de Gestores de Residuos AGRESUR, pretende regular la actividad de los recogedores de residuos abandonados en Sevilla, por lo que ha inscrito su actividad ante la Junta de Andalucía con la intención de ofrecer legalidad a este colectivo.

La iniciativa, presentada hoy ante los medios por el presidente de la asociación, Rubén Barreno, persigue crear una asociación pionera en la que los recogedores "se encuentren inscritos en la Junta" y se conviertan en gestores legales de residuos.

Desde la organización insisten en que la última ordenanza del Ayuntamiento, que entre otros asuntos recoge multas de hasta 750 euros para los que rebusquen en los contenedores de basura, no prohíbe su creación y, aunque la entidad ya está inscrita, les gustaría contar con su aprobación, "para hacer las cosas correctamente".

La solución que proponen consiste en la habilitación de zonas específicas para el depósito de enseres junto a los contenedores, las cuales serían recogidas por "personas físicas que a efectos de la administración serían gestores".

Esto implicaría también que el individuo que deja un residuo "no estaría cometiendo una infracción porque no lo estaría abandonando" y que las empresas gestoras no se arruinasen ante la falta de materia.

Han explicado que supone un "coste 0" para el gobierno local y que, en el caso de que alguno de los recogedores infringiese las normas -al "rebuscar" en un contenedor, por ejemplo-, la culpabilidad penal solo correspondería a la persona implicada.

Según la entidad, la propuesta de Agresur cuenta con el apoyo tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de la Junta de Andalucía y con la aceptación de otros ayuntamientos, pero no ocurre lo mismo con el consistorio sevillano, donde asegura que "el mayor escollo ha sido Lipasam" -la empresa de limpieza pública-.

Según la asociación, entre las ventajas de la entidad figuran la obligación del cumplimiento de las normas medioambientales, el control de la trazabilidad del residuo o la prohibición de gestión de residuos en centros ilegales.

Además, con el registro de estos recogedores en una asociación se podría tener un mayor control del volumen o la procedencia de los residuos, algo de lo que, según Barreno, no se tiene conocimiento.

Agresur calcula que en la comunidad más de 30.000 personas se dedican a la recogida de chatarra, con la que consiguen unos 200 ? al mes, y que "constituye una actividad necesaria porque sin su trabajo se agotarían los recursos naturales".