Este remanente, que es fruto de los diferentes saldos deudores de varios ejercicios, ofrece un dato ciertamente preocupante y que fue obviado en la presentación de las cuentas por los representantes del gobierno local, y es que el ahorro neto, el déficit exclusivo del ejercicio de 2008, ha alcanzado los 22 millones de euros.
Esta cifra, esos 22 millones de euros negativos, tienen una importancia vital con vistas al futuro inmediato del Ayuntamiento ya que, por imperativo legal, no hay más remedio que afrontar un plan de saneamiento que deja de ser voluntario, como hasta ahora se había venido argumentando, para convertirse en obligatorio y que, a día de hoy, no está siquiera contratada su redacción por el equipo de Gobierno.
El concejal de Hacienda, Antonio Sánchez, señalaba que con estos datos se podía comprobar que las medidas de ahorro impulsadas por el ejecutivo local están empezando a dar sus frutos (¿?) y que van a empezar a ponerse al día con los proveedores acogiéndose a la ayuda económica que aprobaba el Gobierno de la Nación.
Créditos imposibles
Sobre esa opción, el Ayuntamiento de Estepona, a día de hoy, no podría acogerse a ninguna de las fórmulas previstas por la Ley de Haciendas Locales, que autoriza la petición de préstamos por importe de 25% sobre el remanente negativo y un 5% sobre el importe del presupuesto en vigor, siempre y cuando se amorticen en la misma legislatura lo cual, a falta de dos años para las elecciones, ciertamente se antoja imposible porque ni el Ayuntamiento tiene capacidad para hacer frente a esos pagos ni, tal como están las cosas, se encontraría una entidad bancaria dispuesta a semejante barbaridad.
Por otro lado, sobre las medidas establecidas por el Gobierno para atender el pago a proveedores, éstas se han diseñado en dos líneas, una primera por la vía de los préstamos, con un tope máximo del 25% de los ingresos por la Participación en los Ingresos del Estado, el famoso PIE, que sería de sólo 3,2 millones de euros. A esta opción el Ayuntamiento no podría acogerse porque no cumple con los dos requisitos establecidos, ya que no tiene aprobado un presupuesto y, además, tampoco tiene puesto en práctica un plan de saneamiento.
La segunda opción que ofrece el Gobierno para el pago a proveedores marca un máximo de 300.000 euros por factura, medida pensada para PYMES y autónomos, pero con la condición de que esas facturas estén reconocidas, es decir, que habría facturas por 23 millones de euros que no podrían acogerse a esta modalidad al no estar reconocidas y, por otra parte, las que sí están reconocidas, sólo podrían pagarse por la vía de los créditos garantizados por el ICO, con ese tope de los 300.000 euros por factura, pero siempre y cuando se tenga, como condición indispensable, aprobado un presupuesto, cosa que no ocurre en estos momentos.
Así las cosas, es imposible que el equipo de Gobierno, con estas circunstancias, pueda solicitar, como así se ha trasmitido, un crédito por el importe del remanente negativo de Tesorería reconocido, de 63 millones de euros, a devolver en un período de seis años con dos de carencia, es decir, el actual equipo de Gobierno no pagaría absolutamente nada y derivaría el pago, en su totalidad, como ya ha hecho con las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, al equipo de Gobierno resultante de las elecciones municipales de 2011.
Aunque el alcalde anunció que pretenden que la liquidación del ejercicio de 2008 y el plan de saneamiento se lleven a pleno en el mes de junio, mientras que no exista un presupuesto aprobado sería técnicamente imposible poder solicitar esa línea de créditos puesta a disposición por el Gobierno de España.
Se agotan los plazos
Las únicas opciones reales para el gobierno Valadez pasarían por la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se diera cuenta de la liquidación del presupuesto de 2008, la posterior incorporación de los créditos sobrantes al documento, un expediente de modificación de créditos para, de nuevo, ser llevado a pleno junto al nuevo presupuesto, que ya contemplaría todos estos cambios, y se añadiría el plan de saneamiento.
Los plazos corren en contra del ejecutivo local y, lo que también debería preocuparle, de los propios proveedores ya que, en el mejor de los casos y viendo el ritmo que se lleva, se llegaría al mes de septiembre donde, es muy fácil, que la partida puesta por el Gobierno de la Nación para que los ayuntamientos se puedan acoger a ella, los 3.000 millones de euros, haya quedado agotada.
La responsabilidad de los actuales gobernantes está en acelerar los trámites para que los proveedores pequeños y medianos del Ayuntamiento, la mayoría empresas locales, puedan cobrar sus deudas aunque a la vista de cómo se está abordando esta situación, parece cada día más difícil.
Un año ingresando, y sin pagar nada, para poner a cero las deudas
Técnicamente es imposible, pero llevada la situación al absurdo, que es a donde parece estar encaminado el futuro del Ayuntamiento con el actual equipo de Gobierno, se necesitaria que, al menos durante un año, y puede que no fuese bastante, todos los vecinos de Estepona trabajasen, generando riqueza y pagando sus impuestos municipales para que el Ayuntamiento, cobrando esos impuestos, más los que se generen como fruto de la actividad de los esteponeros y, además, añadiendo todos los ingresos procedentes de la Junta y del Estado, y sin que se pagase absolutamente nada, ni siquiera a los trabajadores municipales, sólo en esa hipotética situación se conseguiría dejar las cuentas a cero, sin deudas, para poder empezar de nuevo.
—De cabeza al caos—
Apartando el comentario anterior y acercándose a la realidad, el equipo de Gobierno no sabe salir del atasco económico en el que está metido. La falta de recursos, de ideas, y puede que de gestión cuando ésta se limita a la búsqueda exclusiva del dinero público, de aspirar a ser un Ayuntamiento subvencionado, sin adoptarse decisiones claras y contundentes, está llevando a un caos, sin posible vuelta atrás, a Estepona.
