Cada pocos días leemos artículos, estudios, propuestas, etc., etc., en relación con las estadísticas que machaconamente nos ponen frente al drama de la despoblación del rural. Una realidad que muchos no quieren ver y que precisamente son quienes deben arbitrar las medidas para intentar ponerle freno, con lo que mal vamos.


Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España uno de cada tres municipios tiene menos de 250 habitantes. En ellos, sin embargo, sólo vive el 0,7% de la población, y cada vez menos, estando una gran parte en peligro real de desaparición, pero por falta de vecinos no por falta de políticos, ya que en éstos se encuentra el 17% de todos los concejales de España: uno por cada 28 habitantes. Y si quitamos los menores de edad, ¿por qué ese empecinamiento en mantenerlos si ni siquiera se justifican por el número de votos que consiguen?. Y si bien en Andalucía la cosa no es tan grave, sin embargo uno de cada cuatro ayuntamientos no llega a 1.000 habitantes y sus concejales representan a menos de 78 vecinos por cada uno. Lo cual tampoco está mal.


Pero nuestros políticos siguen mirando para otro lado. En algunos casos, con la puesta en práctica de planes inconexos y más propagandísticos que efectivos, como vemos día tras día ante la despoblación de éstos pequeños núcleos por la falta absoluta de oportunidades y por el desinterés en arbitrar sistemas que les acerquen a la gente aquello que tienen que ir a buscar a otros sitios, a veces alejados del suyo, con el consiguiente abandono de tierras, viviendas y con ello monumentos, tradiciones y raíces, cuando propuestas como la fusión de Ayuntamientos, que yo defiendo desde hace mucho tiempo, provocarían el efecto contrario. Pero supone el rechazo de prácticamente toda la clase política de nuestro país, sin argumentos suficientemente fundados.


Y lo que es evidente es que algo hay que hacer que no sea evitar ver el problema para no tener que enfrentarse a él. Y si quieren empiezo yo por poner una propuesta encima de la mesa: la creación con carácter urgente en cada Comunidad Autónoma de una oficina técnica, y recalco este adjetivo, que se encargue del estudio real de la planta local de su territorio y de las alternativas que podrían ponerse en práctica en el mismo, considerando que una buena fórmula podría ser la creación de ámbitos territoriales en los que, en coordinación con los ayuntamientos incluidos en cada uno, se desarrollen las competencias y servicios que se deban prestar, adecuados a los tiempos en que vivimos y no a la población que va quedando en cada lugar, que es lo que se hace actualmente con los efectos que esto supone y que son los que provocan la actual situación, con la agravante de suponer una discriminación por razón del lugar de residencia, y con ello una vulneración de facto de la propia Constitución.

Estoy absolutamente seguro de que, a no mucho tardar, esto llevaría a un proceso general de fusiones municipales, pedidas, incluso, por los propios vecinos, en contra de los argumentos que se esgrimen hoy en día para oponerse a ellas.


Y si no se está de acuerdo con esta propuesta, pues bienvenida sea otra u otras. Todo menos la actual inacción, que supone la fórmula más cruel de fusión de Ayuntamientos, como es la que se está produciendo por la desaparición de unos y el riesgo de seguir esa misma suerte de otros muchos, por abandono de su población en busca de otros recursos, cuando una estructura más grande (no necesariamente un pueblo más grande, que debemos dejar de confundir una cosa con la otra) y a la vez cercana puede proporcionarles y, por lo tanto, si no recuperar lo perdido al menos frenarlo para no seguir condenando a la gente a marcharse por seguir manteniendo a esa cantidad de concejales, aunque cada vez representen a menos población, que es posible que no sea la justificación pero que cada vez lo parece con más fuerza.