Los vecinos de Valdeconejos- La Jara insisten en los cambios en el PGOU para legalizar viviendas

La asociación de vecinos Valdeconejos- La Jara- Montijo instó nuevamente a los ayuntamientos de Sanlúcar y Chipiona a que realicen cambios puntuales en sus planes generales de ordenación urbanística a objeto de regularizar sus viviendas, que se encuentran fuera de ordenación, sobre suelo rústico.

Muchos propietarios están inmersos en procesos judiciales y desde el colectivo piden a las autoridades locales que continúen frenando los jucios a fin de ganar tiempo para obtener la legalidad mediante el cambio en las calificaciones de los suelos.

Unas 400 personas acudieron a la asamblea general que se celebra cada año, en este núcleo de cerca de 1.000 viviendas ubicado en la margen derecha de la carretera que une Sanlúcar con Chipiona. Según el presidente de la asociación de vecinos, Francisco Alfaro, por parte de Chipiona acudió su alcalde, Manuel García, y por parte del ayuntamiento de Sanlúcar la concejala de Infraestructuras, Milagrosa Gordillo y el primer Teniente de alcaldesa, Víctor Mora.


SECTOR 11


El núcleo más problemáticos, según Francisco Alfaro, es el sector 11 -Valdeconejos-, que con la calificación de ‘urbanizable no sectorizado’ alberga entre 500 y 550 familias. “Está totalmente colmatado de viviendas, con lo que se hace muy complicado realizar un plan parcial como es el caso de Los Quemados, en Chipiona. “Existe una preocupación enorme entre los vecinos afectados. La gran mayoría de ellos vive allí durante todo el años y muchos tienen sus viviendas pendientes de sentencias judiciales y con peligro de demolición. Es necesario que los dos ayuntamientos colaboren para sacar esto adelante”.

El presidente de los vecinos de Valdeconejos- La Jara destacó la calificación como ‘zona verde’ por parte de la Junta de Analucía de una extensión de 100 metros lineales correspondiente a la zona de dominio público marítimo- terrestre correspondiente a la playa de Montijo, y donde existen unas 200 viviendas. En este sentido, Alfaro comentó que “el ayuntamiento de Chipiona está tratando de que la Junta cambie la tipificación de ese suelo, sustituyéndolos por otros que también puedan ser calificados de zonas verdes. Hay personas que llevan allí viviendo 40 y 50 años”.

“Es necesario que las delegaciones de Urbanismo nos echen un cable y que como ya están haciendo desde Chipiona, contacten con la judicatura para demorar los procedimientos y mientras tanto, cambiar la tipificación del suelo. Al parecer van a aprovechar el POTA -Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía- a través del Plan de la Costa Noroeste para estos cambios puntuales que nos den la legalidad”.

El presidente del colectivo vecinal pidió a ambos municipios “que continúen, como han estado haciendo hasta ahora, fiscalizando las nuevas obras que se puedan hacer y paralizando los procedimientos judiciales que se hayan emprendido. Ya no hay que permitir que más casos lleguen a la Fiscalía, sino cortar este problema de raíz. De hecho en Sanlúcar se está construyendo ilegalmente menos que en Chipiona”. Alfaro añadió que “en la Junta de Andalucía están elaborando un censo personalizado de cada caso, para su estudio y la aportación de soluciones”.


INFRAESTRUCTURAS


Por otra parte, el presidente de la asociación de vecinos Valdeconejos- La Jara, aseguró que la concejala de Infraestructuras de Sanlúcar, Milagrosa Gordillo, “se ha comprometido a implicarse en la limpieza de los arroyos, algo que para los agricultores es vital, porque si no se hace, en época de lluvias existirá riesgo de inundaciones. También ha mostrado su voluntad por acometer el asfaltado de los caminos rurales”. Alfaro añadió que “echamos mucho de menos la colaboración del ayuntamiento en estos asuntos, entendemos que la situación económica no es buena, pero esperamos que estas acciones se lleven a cabo”.


AGUAS


Por otro lado, el presidente de los vecinos de Valdeconejos- La Jara aseguró que el alcalde de Chipiona, Manuel García, “se ha comprometido a que desaparezca la derrama que tenemos que pagar por el agua que se pierde desde el contador general hasta nuestros domicilios por las deficiencias que pueda haber en la red”. Francisco Alfaro, quien detalló que los vecinos “tenemos el suministro concedido desde el año 1977, somos propietarios de las redes y simplemente tenemos que pagarle a Aqualia el consumo que realicemos”, consideró que el pago de las derramas “nos convierte en ciudadanos de segunda, cuando realmente lo único que debemos pagar es el consumo de cada uno”.

En otro orden de cosas, otro de los temas importantes que abordó la asamblea general fue la recogida de residuos sólidos urbanos, concluyendo, según el presidente, “que funciona bien, tanto por parte de la empresa de la limpieza de Chipiona, como por parte de Sanlúcar, que puso contenedores y comenzó a recoger la basura a los vecinos en su zona hace tiempo”.


FEDERACIÓN DE VECINOS


Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir valoran de forma positiva “que por el momento los derribos están paralizados, lo cual no significa que no lleguen más sentencias”.

Desde este colectivo aseguran que “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aparcado los derribos de viviendas en Marbella con sentencias firmes y nos sorprendemos por cómo desde ese ayuntamiento han pedido suspender esas sentencias firmes contra 80 viviendas y un hotel, y cómo en Cantabria, el derribo de 224 viviendas ha quedado suspendido por el TSJ también con sentencias firmes, y aquí en Sanlúcar se agarran a las sentencias firmes para así argumentar que no pueden hacer nada ante la decisión del juez. ¿No será que hay otros intereses para no modificar el PGOU y darle cabida a la mayor parte de esas 6.000 viviendas irregulares”.

Desde la Federación continúan manteniendo asambleas informativas de forma periódica con las asociaciones vecinales periféricas, “para que todos sean informados de la forma más objetiva posible y comprendan el rechazo total al derribo en que nos hemos posicionado por ser injusto y discriminatorio”.