Asuntos judiciales

El culebrón judicial continúa. Después de más de dos años esperando noticias sobre el tan traido y llevado caso del nuevo cuartel de la Guardia Civil, finalmente la jueza ha sorprendido a propios y extraños apreciando indicios de un delito contra la ordenación del territorio en la actuación del alcalde y en la del resto de concejales pertenecientes a diferentes grupos políticos que formaban parte de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que, como se recordará, dio el visto bueno a la concesión de la licencia de obras en la sesión celebrada el 20 de abril de 2005.
En este caso toca hacer un poco de memoria, pues las presuntas irregularidades urbanísticas del asunto quedaron solventadas una vez que la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía aprobó la modificación urbanística de los terrenos sobre los que se había comenzado a construir el nuevo cuartel, una parcela que, en principio tenían la consideración de suelo rústico. Una vez llevada a cabo la modificación del PGOU, se consiguió, por un lado, que los terrenos del nuevo cuartel del Polígono Industrial Las Flores pasasen de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para su destino a Casa Cuartel de la Guardia Civil y, por otro, que los terrenos donde ahora mismo se sitúa el actual cuartel pasaran, de ser calificados como sistema general, a uso residencial.
Con esos antecedentes, la verdad es que se respiraba un ambiente de cierta tranquilidad en el seno de la Corporación Municipal, no en vano, el alcalde siempre ha defendido que no hubo ninguna ilegalidad, ya que fue la propia Dirección General de la Guardia Civil la que notificó al Ayuntamiento en marzo de 2004 la parcela elegida para construir el nuevo cuartel. Pese a todo, el caso se mezcló con la política a principios de 2007, cuando el entonces candidato a la Alcaldía por el PSOE, Esteban Morales, denunció la falta de transparencia que evidenciaba el asunto. Tras los encendidos cruces de declaraciones entre unos y otros y el aumento de la crispación, lo demás es por todos conocido, el alcalde y el resto de imputados tuvieron que prestar declaración ante el juez en mayo de 2007, justamente en medio de la campaña electoral para las elecciones municipales, y el asunto, con la sustitución y la llegada de nuevos magistrados, quedó sobre la mesa. Ahora, Puente Genil vuelve a estar tristemente en la primera línea de la actualidad por un caso que, quizás, lleva coleando demasiado tiempo. Obviamente todos confiamos en la independencia de la justicia, pero sin duda lamentamos que esto pueda constituir una gran excusa para ningunear el nombre de nuestro pueblo vinculándolo a actividades que, siendo benévolos, podríamos calificar como “poco gratificantes”.
Como dice el refrán castellano, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.