Los propietarios de ambas factorías remitieron ayer una carta al director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en respuesta al 'ultimatum' lanzado por la Junta para que efectuaran sugerencias y modificaciones "de forma" al documento propuesto por el Gobierno andaluz.
De esta forma, junto a la misiva remitida a IDEA figuran una serie de comentarios generales al acuerdo de colaboración con fecha 16 de octubre.
En la carta, firmada por el presidente de Astilleros de Huelva, Antonio Moreda y donde se alude al "espíritu constructivo" de la empresa, se destaca que esto supone una respuesta "dentro del plazo impuesto por la Junta a modo de ultimatum", sobre las razones "que nos impiden firmar el acuerdo de colaboración" que les hicieron llegar por primera vez el 20 de octubre".
Entre las razones para este rechazo, la empresa lamenta que ese documente "parte del mantenimiento y prolongación de una situación de inactividad para la factoría de Huelva, que desembocará en la destrucción de todo el empleo".
En esa misma línea, precisó que el plan de la Junta "está partiendo del cese y desmantelamiento ordenado e inmediato de la actividad naval en Huelva, para lo cual nuestra factoría está autorizada legal y reglamentariamente".
Además, lamentó que el documento contemple la ejecución del acuerdo de garantías laborales suscrito con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)/Izar suscrito con CCOO y UGT "lo que implica la eliminación de la actividad de los trabajadores afectados en la factoría de Sevilla".
Los empresarios consideraron que el documento propuesto por la Junta "está desconociendo o quiere desconocer que ambas factorías tienen actualmente contratos en vigor y la posibilidad real de construir buques con gran demanda". Asimismo, consideraron que ese documento "desconoce el impacto que el cese de la actividad puede suponer para el empleo en Huelva con carácter inmediato y después para Sevilla y su repercusión en las empresas auxiliares".
"La ejecución de las medidas de este documento puede suponer la reproducción en Andalucía de situaciones irreversibles de destrucción de empleo en la construcción naval similares a las ocurridas hace escasas fechas en otras comunidades y que han tenido como desenlace unos solares yermos y estériles", aseveraron.
A pesar de esa negativa, los empresarios se mostraron dispuestos a "negociar y suscribir acuerdos que supongan el mantenimiento del actual nivel de empleo y de la actividad naval tanto en Huelva como en Sevilla", aunque advirtieron de que no van a participar en "ninguna ceremonia de la confusión que adultere los principios que venimos manteniendo".
Por ello, apelaron al sentido de responsabilidad de la Junta, a la que pidieron un ejercicio de "reflexión" para un "cambio de rumbo" de actitud y se volvieron a poner a su disposición para "encontrar de forma consensuada la mejor solución que suponga el mantenimiento del empleo y la conservación de la actividad en ambas ciudades, sin orden de prioridades o preferencias", tras lo que apeló al documento presentado por la empresa, denominado 'Plan de reestructuración', del 14 de octubre, que obra en poder de IDEA "y que ha merecido como toda respuesta el silencio y su rechazo".
Comentarios al acuerdo
En cuanto a las consideraciones que propone modificar en el acuerdo planteado por la Junta de Andalucía, la empresa quiso puntualizar en primer lugar que "no puede aparecer en el documento referencias a acuerdos inexistentes de los consejos de administración, al igual que no es posible la actuación de los consejos sin haber sido facultados previamente por las juntas de accionistas".
Por ello, proponen que se celebren juntas de accionistas en ambas sociedades donde "se debe acordar por unanimidad facultar a los respectivos consejos para la firma del documento". En ese sentido, se alude a la "dispersión geográfica" de los accionistas de Astilleros de Huelva para la "imposibilidad de celebrar de forma inmediata junta".
Asimismo, en este documento anexo se vuelve a aludir al rechazo "por coherencia" a toda referencia en el documento al cese de actividad de Astilleros de Huelva, sobre lo que recordó que en la normativa comunitaria sobre ayudas a la construcción naval y para garantizar el "carácter irreversible de los cierres subvencionados", el Estado "debe velar por que las instalaciones de construcción naval permanezcan cerradas durante un período no inferior a diez años".
Compraventa inmediata de acciones de Sevilla
Por otro lado, tras lamentar la "confusión" en relación con las cifras de la gestión de los últimos años, propuso la constitución de una comisión de seguimiento mixta para "verificar de forma consensuada el estado financiero y patrimonial, que actúe como garante en defensa de los trabajadores y el empleo".
Asimismo, los miembros del consejo de administración de ambos astilleros se comprometerían a convocar juntas de accionistas para la ampliación del capital social a suscribir por los inversores designados por la Junta y se comprometerían a votar favorablemente la ampliación de capital en la cifra propuesta por la Junta.
Además propone la intervención en la hoja de ruta y en la ejecución de los acuerdos de las centrales sindicales y pide que en el documento no se haga referencia a la gravedad financiera de las factorías, además de demandar que en el caso de Sevilla se propone que se ponga en marcha de manera inmediata un proceso de compraventa de acciones y se arbitre un mecanismo que articule la negociación entre el comprador y el actual propietario.
Asimismo, consideró precisa la intervención de Izar, en liquidación, como entidad que debe autorizar determinadas actuaciones en Astilleros de Sevilla SA "en virtud de las obligaciones incluidas en el contrato de compraventa suscrito en agosto de 2006". De esta forma, consideró que Izar deberá autorizar previamente a Astilleros de Sevilla la suscripción del documento.
En ese sentido dicho contrato prevé una obligación para Astilleros de Sevilla SA durante tres años, que finaliza el 30 de noviembre de 2009, de "proporcionar a Izar información sobre la marcha de la sociedad y especialmente de obtener autorización previa de Izar para cualquier proceso de fusión, escisión o cesión de activos o pasivos y otras operaciones de reestructuración".
Además, Astilleros de Sevilla se obliga durante seis años -hasta el 30 de noviembre de 2012- a mantener "íntegra la capacidad operativa y la actividad del centro y a someter a autorización de Izar cualquier enajenación de activos".
Por otro lado, los actuales propietarios aceptan la designación de una entidad encargada de valorar los activos, aunque se propone que los administradores actuales de Sevilla encomienden otra valoración pericial respecto a las partidas que estimen "contradictorias".
Aludió además al acuerdo suscrito entre los sindicatos e Izar que prevé garantías laborales para la plantilla transmitida durante la compraventa, que Izar se compromete a activar en caso de que haya extinciones laborales, y que se mantiene por 10 años y finaliza el 30 de noviembre de 2016 y consiste en mantener puestos de trabajo, prejubilaciones o bajas indemnizadas.
La reacción de la Junta
Tras recibir esta carta, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha trasladado de forma inmediata a sus servicios jurídicos la documentación aportada por los propietarios de los astilleros para su valoración de cara a definir futuras acciones.
Fuentes del departamento de Martín Soler confirmaron a Europa Press la llegada, a última hora de la tarde, del escrito mediante el que los propietarios de los astilleros de Huelva y Sevilla han rechazado el plan elaborado por el Gobierno andaluz. Una vez recibido el documento por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tales fuentes aseguraron que ya se ha trasladado a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para su estudio y posterior valoración de cara a definir futuras acciones de la Administración.
Por su parte, el sindicato CCOO-A consideró que la actitud de los propietarios de los astilleros de Huelva y Sevilla genera "graves riesgos" para el empleo de sus trabajadores y el mantenimiento de la actividad naval.
El secretario general de la Federación del Metal de CCOO-A, Enrique Jiménez, indicó a Europa Press que con esta actitud, el empresario "no está teniendo en cuenta los intereses globales de todos los agentes implicados y está poniendo en grave riesgo, a corto plazo, la situación de los trabajadores de Huelva y Sevilla, y a medio y largo plazo, la actividad naval en ambas factorías".
"Los empresarios van a ser los primeros que van a tener dificultades para cumplir sus obligaciones en el pago de los salarios, lo cual nos situará con toda seguridad un conflicto social, además de poner en riesgo la actividad", aseveró.
Asimismo, aseguró no entender por qué los propietarios actuales descalifican el plan de la Junta por contemplar el cese de la actividad en Huelva, ya que "los mismos empresarios ya plantearon lo mismo en el documento presento el 22 de septiembre, donde presentaron como una de las alternativas el cese de la construcción de buques en Huelva".
"Se va a generar graves problemas a medio y largo plazo en los astilleros, primero en el pago de salarios, que no van a poder asumir económicamente, y después peligrará el mantenimiento de la actividad naval", se lamentó Jiménez, quien recordó que los sindicatos han apostado por la solución planteada por la Junta como la única opción viable para poder salvar la actividad y el empleo en ambas ciudades.
