Ante los delitos urbanísticos la Justicia ha pasado de decir que una vez construido no se puede hacer nada a afirmar que las sentencias se quedan en papel mojado. Así se ha expresado, a grandes rasgos, el fiscal de medio ambiente y delitos urbanísticos de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez. De esta forma, explica que una sentencia que ordene el derribo de un inmueble no significa que se lleve a cabo. Y lo que dice el fiscal es lo que conoce cualquier ciudadano. Hay más sentencias que derribos, lo que significa que la Justicia, de nuevo, se queda atrás. Es un avance que exista un fiscal especial para estos menesteres, pero son tan pocos los medios como los que tiene cualquier juzgado hoy en día, si no más. Tampoco queda muy clara dónde empieza y termina la competencia de este fiscal, ya que las cuestiones urbanística no sólo se enmarcan en las ilegalidades de construcción. Eso sí, por desgracia en Cádiz existen suficientes delitos vivienda por vivienda como para dar trabajo a un nutrido grupo de fiscales. En cualquier caso, hace falta que se cumplan las sentencias y, como ha reconocido el propio fiscal, las políticas de demolición de edificios ilegales queda a discreción del juez. Por eso el siguiente paso debe ser el de aplicar una política de tolerancia cero con el delito urbanístico. Existen motivos suficientes para ser tajantes con estos abusos, comenzando por el hecho de que la inmensa mayoría de los casos va acompañado de la corrupción política y también hay que combatirla desde ese flanco. Si la ley permitiese señalar a los ayuntamientos como corresponsables de la ejecución con mala fe de los proyectos, la situación actual sería muy distinta. De hecho, la provincia de Cádiz tendría un aspecto más saneado, tanto urbanísticamente como dentro de sus administraciones.