josé a. benítez arcos
El Ayuntamiento celebraba el martes un pleno de carácter extraordinario y urgente motivado por la terminación del plazo de solicitud del préstamo a cargo del Fondo de Ordenación del Estado que permitirá pagar deudas con proveedores por valor de 4,3 millones de euros. En este caso se trata de deudas que han sido reclamadas en los juzgados y que cuentan con sentencias en firme en contra de la institución municipal. Ello explica la urgencia del punto, según ha defendido el propio alcalde de Arcos, el socialista Isidoro Gambín.
Sin embargo, PP y Ai-Pro se abstuvieron porque entienden que esas deudas no proceden de su etapa de gobierno, cuando en realidad afectan en mayor o menor medida a todos los gobiernos municipales. Arcos en Común votó en contra con los mismos argumentos para en cierta manera pedir responsabilidades. Además, el margen para preparar la documentación era muy estrecho, de ahí la celeridad.
Según explicó posteriormente el alcalde, el Estado abrirá nuevas líneas de financiación al Ayuntamiento para que continúe en lo sucesivo pagando deudas, aunque estas no hayan sido reclamadas judicialmente. La condición ha sido el desarrollo de un plan de ajuste que ya empezó a aplicarse a principios del mandato, el cual ha comportado la reducción de la nómina municipal hasta en un cincuenta por ciento, pasando de los 1,4 millones de euros a los 700.000 euros actuales, además de eliminarse los conceptos de productividad y gratificación que hasta hace poco se venían pagando a trabajadores del Ayuntamiento. También, las únicas obras que se acometen con recursos propios del Ayuntamiento son las de mantenimiento y limpieza pública para no generar nuevas deudas, mientras que las actuaciones consideradas de mayor envergadura se están sufragando con subvenciones de otras administraciones públicas. Gambín entiende que había que dar una respuesta positiva a los proveedores que no han cobrado a pesar de haber prestado un importante servicio al Ayuntamiento, y que por tanto era una cuestión de justicia con estos empresarios.
Desde el PP, su portavoz del grupo, José Luis Núñez, asegura que ha habido voluntad por su parte para facilitar el pago a proveedores, al tiempo de atribuir esta consecución a las gestiones del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para que Arcos se haya podido acoger a estos fondos. Núñez asegura que el propio alcalde socialista así lo ha admitido en el Pleno. Sin embargo, la abstención del PP viene a devolver el guante al PSOE, que votó en contra de una operación semejante el anterior mandato con el argumento de la posible hipoteca del Ayuntamiento. Núñez recuerda que, la anterior ocasión no se podía pagar esas deudas porque estaban en proceso de pleito, sin que entonces pesara sobre ellas sentencias en firme de pago. Con todo, también considera que es lógico e incluso deseable que se paguen estas deudas a empresas que han prestado su servicio al Ayuntamiento.
Arcos en Común explicó posteriormente en conferencia de prensa su postura en contra del punto aprobado en el Pleno, ya que, según su portavoz, Susana Pérez, es preciso dar una llamada de atención a los partidos que han gobernado el Ayuntamiento desde los años noventa por su “nefasta gestión”, que les ha conducido a perder en los juzgados multitud de pleitos por el impago de deudas con proveedores. Tal es así, que en la relación de deudas pendientes con sentencias judiciales en firme figuran hasta 27, comprendidas entre los años noventa hasta la actualidad. No obstante, Arcos en Común también entiende que los empresarios deben cobrar sus deudas por una cuestión de justicia.
La formación opositora se abstuvo en agosto pasado sobre la puesta en marcha del plan de ajuste como paso previo a la adhesión al préstamo del Fondo de Ordenación del Estado. Sin embargo, entiende que los grupos representados en el Pleno, a excepción de Arcos en Común que nunca ha gobernado, deben tomar conciencia de su “mala gestión” y de las responsabilidades que tienen en esas deudas con proveedores.
En agosto, tanto PP como Ai-Pro votaron en contra del plan de ajuste que prácticamente era idéntico al que ellos aprobaron durante su gestión en su etapa de gobierno. A ambos, la portavoz de Arcos en Común les pide “valentía” para reconocer su gestión económica. En otros términos, su intención es de alguna manera “presionar” a estos partidos para que asuman su responsabilidad.
Además, la organización critica que durante los dos últimos meses no se haya celebrado pleno ordinario, con lo cual se ha coartado la oportunidad de la oposición de formular sus ruegos y preguntas y tratar otros asuntos que consideran importantes para el presente y futuro de la ciudad. En esta observación, sí que coincide con Ai-Pro y PP.
Desde Ai-Pro, su portavoz, Manuel Erdozain, justifica su voto de abstención al punto al considerar que las deudas con proveedores que ya cuentan con sentencias judiciales en firme proceden de la etapa de gobierno de la alcaldesa Pepa Caro, para citar como ejemplo los 750.000 euros que se le adeudan a la empresa San José por la construcción del IES Guadalpeña. No obstante, está de acuerdo con el pago a proveedores, pero se lamenta una vez más de la falta de plenos donde se pongan sobre la mesa proyectos de futuro y la gestión de la ciudad. Erdozain asegura que apenas han sido siete los puntos de gestión tratados a lo largo de cuatro meses, criticando en esta dirección la hipotética falta de trabajo del equipo de Gobierno socialista.
