El Pleno aprobó por unanimidad instar al Gobierno central para que se sume a un convenio con Diputación y Junta de Andalucía que facilite la tercera fase de trabajos para consolidar los terrenos de la ladera oeste de la ciudad, es decir, una zona de 800.000 metros cuadrados de superficie. 
Arcos en Común no sólo mostró su apoyo a los vecinos, sino que pidió al equipo de Gobierno que centre sus esfuerzos en conseguir los más de cuatro millones de euros que requiere la actuación, e incluso pidió la declaración de zona catastrófica para lograr, si es preciso, ayudas europeas. Su portavoz, Susana Pérez, recordó que hasta la fecha se ha invertido más de 2,5 millones de euros en la estabilización de los terrenos sin que, a día de hoy, los vecinos más afectados hayan visto recuperadas sus viviendas. A este respecto, se cuestionó cuántas viviendas se podría haber construido con un presupuesto de 6 millones de euros. Pérez hizo un repaso histórico para intentar demostrar que nunca se tuvo que construir viviendas en el parque de la Verbena.

Desde Ai-Pro, su portavoz, Manuel Erdozain, se mostró partidario de continuar la actuación de consolidación de los terrenos y pidió que “no se hiciera política con algo tan delicado”. El mismo recurrió a un informe del Instituto Geológico Minero para asegurar que las actuaciones acometidas los últimos años han sido positivas para evitar nuevos deslizamientos del terreno y que el resto de bloques de viviendas se hubiera desplazado ladera abajo. Sin embargo, dijo abiertamente que el problema persistirá porque no se solucionará a corto plazo e insistió en que todos los partidos deben ir de la mano para buscar una solución.

En nombre del PP, su portavoz, José Luis Núñez, mostró su solidaridad con los vecinos de la Verbena y dijo que su partido siempre ha defendido que no se haga política con el tema, para recordar a continuación cómo en su etapa de gobierno se firmó un convenio para impulsar las obras de consolidación, queriendo demostrar en este sentido su compromiso con este grave problema urbanístico. Asimismo, dijo temerse que la inversión prevista no sea suficiente para terminar con los deslizamientos, sino que será necesario nuevas actuaciones futuras. 
La portavoz del equipo de Gobierno socialista, Ana Carrera, señaló que no se debe buscar culpables en este asunto y recordó la aportación de corporaciones anteriores que propició las primeras actuaciones urbanísticas. Dijo también que es fundamental que el resto de administraciones denote que existe unidad política en Arcos por solucionar el problema. A este respecto, pidió al alcalde que lidere una comisión de seguimiento con las administraciones implicadas para seguir ahondando en las soluciones.

En las réplicas, Ai-Pro pidió que los partidos de la oposición y los vecinos afectados estén presentes en la mesa de seguimiento de los trabajos. El PP matizó que cuando se habla del problema no sólo afecta a los vecinos de la Verbena, sino de lugares como el Cerro de la Reina, avenida Miguel Mancheño y otras. El alcalde presidente del Pleno, Isidoro Gambín, manifestó que con esta instancia se podría dirigir a las administraciones, incluyendo el Ministerio de Fomento.

Sector agrícola
En otro orden, se aprobó una propuesta del Gobierno socialista en apoyo al sector agrícola, para que el Ministerio de Agricultura dé marcha atrás al reparto lineal del cinco por ciento por perjudicar teóricamente a los pequeños y medianos empresarios y por excluir cultivos tradicionales en la zona como el olivar en pendiente.

Arcos en Común se temió la pérdida de más de 900 millones para el campo andaluz con los recortes de la PAC y echó en falta criterios apolíticos para regular la actividad agraria en Europa y que se prime la producción por encima de la propiedad. Ai-Pro reclamó reunir a los agricultores del término para exponer la situación, para lo cual reivindicó el papel de la recién creada Delegación municipal de Agricultura. El PP no se sumó al punto porque entiende que Andalucía seguirá siendo la comunidad que más ayudas recibe con el 30 por ciento de los fondos para España y consideró que el Gobierno central ha sabido luchar por los intereses de la agricultura andaluza y española. El grupo opositor aseguró que, de no haberse aplicado el reparto lineal, los recortes habrían recaído en los agricultores directamente. El Gobierno socialista dijo que este reparto es “una afrenta para la agricultura andaluza” y se temió pérdidas de 902 millones hasta 2020. El punto fue aprobado con los votos en contra del PP. El alcalde intervendría para asegurar que se ha celebrado una reunión con agricultores arcenses, que le habrían transmitido que la propuesta es positiva para el sector.

Sanciones o trabajo a la comunidad
De otro lado, se dio luz verde a una modificación de la ordenanza sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Con ello, se aplicarán en breve las anunciadas sanciones a los propietarios de mascotas que no retiren de la vía pública los excrementos.
En algunos casos, las sanciones de 60 euros podrán ser cambiadas por trabajos en beneficio de la comunidad. Esta ordenanza tiene por objetivo cambiar la mentalidad de los propietarios de animales respecto a su convivencia con la ciudad, como explicó el alcalde. Todos los grupos votaron a favor de la propuesta de la Delegación municipal de Hacienda, aunque Ai-Pro y PP se cuestionaron si es legal encomendar trabajos a la comunidad. El Gobierno admitió que no existen, por estética, pipicán en el casco antiguo.

Ascensores
El punto quinto del orden del día instó a la Diputación a participar en la financiación que correspondería al Ayuntamiento para la instalación de ascensores en bloques de pisos. Si bien la Junta correría con el cincuenta por ciento de los presupuestos, la otra mitad correspondería a los beneficiarios, pero la idea es que esta última cantidad sea asumida por la administración provincial. Esta petición se sustenta en los escasos medios económicos de las familias que habitan pisos en la barriada de la Paz, Barrio Bajo, Santiscal y otras zonas. Además, esta medida afectaría sobre todo a personas mayores y con discapacidad que, por falta de ascensores, viven atrapadas en sus viviendas en muchos casos. Todos los grupos votaron a favor, aunque el PP amplió la petición de ayudas al Ministerio de Fomento. 

Adhesiones
El equipo de Gobierno trasladó tres medidas marco que se corresponden con políticas autonómicas y sociales. En el primer caso, se trata de hacer un municipio más accesible para todos, y particularmente para las personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como en el de la movilidad urbana sostenible. Ello daría pie a una serie de actuaciones destinadas a la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.  En el segundo de los casos, el Ayuntamiento se adhiere a un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); un convenio que, en suma, viene a proteger a las familias contra los desahucios de sus viviendas.  El convenio trae aparejado un trabajo en red y un protocolo para actuar en aquellos casos de alzamiento contra una vivienda. Ello implica un protocolo de colaboración entre los jueces y los Servicios Sociales Comunitarios  que intervenga con prontitud en los casos de las familias más vulnerables ante las ejecuciones hipotecarias o impagos de renta.

Respecto a la adhesión a la Red de Municipios de Acogida de Refugiados, se pretende dar una respuesta más diligente a los refugiados por los distintos conflictos bélicos y amortiguar en la medida de lo posible la crisis a este respecto. Se ponen en marcha mecanismos para dar una dignidad a estas personas refugiadas que huyen de la guerra.  El Ayuntamiento pone así su granito de arena, con el objetivo de integrar a las familias afectadas. Esta adhesión incluye la participación voluntaria y directa de los ciudadanos sensibles al drama de los refugiados. Todavía se trabaja sobre el protocolo de recepción de refugiados.  Todas las adhesiones, en algunos casos con matices, contaron con la aprobación de los cuatro grupos.

Además, Ai-Pro presentó una propuesta para que la representatividad en las comisiones informativas se corresponda con el resultado electoral de las municipales de 2015.  Actualmente, el Gobierno socialista tiene cuatro representantes en las comisiones, el PP dos, Ai-pro uno y Arcos en Común un representante. Ai-Pro, con cuatro concejales frente al único edil de Arcos en Común se siente perjudicado y pidió al ejecutivo que practique la transparencia y la participación democrática que proclama.

Aprobado el procedimiento para adjudicar el camping

 En la recta final del pleno, se presentaron algunas gestiones de la Junta de Gobierno local, entre ellas la adjudicación del servicio de bar en la piscina pública de Jédula, la adjudicación del punto de información turística del Paseo de Andalucía y el inicio del procedimiento administrativo para la adjudicación del camping Lago de Arcos. Esta última adjudicación trajo polémica porque Ai-Pro reclamó que no se deje en manos privadas a cambio de una inversión de 73.000 euros para la conexión eléctrica que podría haber asumido el propio Ayuntamiento, pero además anunció que el pliego para la adjudicación se fundamenta en una tasación de cinco euros el metro cuadrado sobre una superficie de 20.000, teniendo en cuenta que se trata de suelo de equipamiento público con suelo urbano anexo; tasación que no se corresponde con la inversión de más de un millón de euros que se realizó el anterior mandato a través de distintos planes, según el grupo. Este asunto, para el grupo opositor, huele a chamusquina y por ello seguirá de cerca el procedimiento de adjudicación al entender que traerá consecuencias lesivas para el Ayuntamiento. El Gobierno respondió que la tasación no es obra del ejecutivo, sino de los técnicos, como también dijo no tener inconveniente en que la oposición esté presente en las mesas de contratación como demandó, en este caso, el PP. El pliego de condiciones para la adjudicación del camping se publica ya estos días. El objetivo del Gobierno, y así lo admitió su portavoz, es poner en marcha cuanto antes el camping para que genere actividad turística y empleo, con independencia de que la tasación de las instalaciones para su adjudicación sea un hecho más o menos justo. El canon establecido en el pliego es de 17.500 euros anuales durante 25 años, con el primer año exento de pago a cambio de las obras que aún hacen falta. En pleno debate, el alcalde dijo que no se puede dejar de privatizar el camping porque Intervención no permite inversión alguna al Ayuntamiento debido a su situación económica.

Ruegos y preguntas

En ruegos y preguntas, Arcos en Común preguntó por la falta de presión del agua en los vestuarios de la piscina municipal y por los retrasos de cobro que sufren las trabajadoras de la empresa de ayuda domiciliaria Claros. El Gobierno respondió, en el primer caso, que los problemas se derivan del uso al unísono de los aspersores de riego y las duchas, como quedó claro en el segundo asunto que el Ayuntamiento cumple con sus compromisos de pago con la empresa y esta no con sus trabajadores. El grupo opositor preguntó también si hay posibilidad de mantener el río Guadalete en condiciones después de la jornada de limpieza llevada a cabo por varios colectivos. El delegado de Medio Ambiente aseguró que instó en este sentido a su día a la Junta de Andalucía. Arcos en Común preguntó qué productos se emplean para combatir la plaga de la cochinilla del carmín, a lo que el delegado respondió que no cualquier producto vale porque afectaría al resto de la flora y fauna de zonas protegidas, caso de la peña arcense. Por lo tanto, se emplean productos no agresivos que han sido recomendados por la Diputación provincial. Además, se preguntó al ejecutivo por las medidas para el ahorro energético, que en realidad apenas se han introducido ante la situación económica. No obstante, el Ayuntamiento está pendiente de la realización de una auditoría energética que podría deparar, según las previsiones, inversiones por valor de 1,2 millones de euros para reponer luminarias e introducir tecnología led. Ai-Pro preguntó por la contratación de un gabinete jurídico sevillano para el recurso contra la sentencia sobre despidos laborales improcedentes, lo cual justificó la delegada de Personal con la necesidad de evitar una situación desagradable para el abogado municipal por actuar ante antiguos compañeros. En este punto, el alcalde irrumpió para asegurar una vez más que no se trata de despidos, sino de la no renovación de contratos, de ahí que haya recurrido la sentencia que aún no es en firme.