La del pasado lunes fue la última noche que Susana Carmona y su hija de diez años pasaron en su casa del número 11 de la calle Suárez de Salazar, en el barrio de Santa María. Trabajadora del servicio de limpieza de los colegios públicos, esta madre de familia se pasó hasta la una de la madrugada embalando “las pocas cosas que tengo, porque yo no tengo lujos” para irse por su propio pie y evitar “hacerle pasar el mal trago a mi hija” de que ser desahuciadas.  Se refiere a la orden de lanzamiento del juzgado fechada y programada para las 10.00 horas de este martes tras más de un año de impago de la mensualidad de 350 euros por las malas condiciones del piso en el que vivían de alquiler desde hace tres años. Su negativa a seguir al corriente de la letra hasta que el casero, que vive en Sevilla, no le arreglara la vivienda, ha terminado dejándola en la calle muy a su pesar. 

Finalmente nadie se personó del juzgado, que ya había dado una prórroga de un mes, pero esta madre de familia tenía claro que no iba a estar pendiente de que les echaran de casa y a "a expensas del juzgado". “Me he ido yo. En Procasa me han dicho que no se ha presentado nadie por la huelga”, comentaba. Con ganas de salir de este trance, depositaba las llaves en un juzgado de guardia en una mañana con las emociones a flor de piel.

El que su marcha fuera “voluntaria” tampoco lo hizo más fácil. Entre lágrimas, con algún familiar y con vecinos y compañeras en la calle para apoyarla, se marchaba a un hostal de Cádiz. La Empresa Pública de la Vivienda le ha facilitado allí de forma transitoria una habitación mientras encuentra otro piso de alquiler, tal y como confirmó la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, a este periódico. Con la bombona, un carro de la compra con enseres y sus propias sábanas, "porque me da asquito usar otras que no sean las mías", Susana abandonaba el que ha sido su hogar los últimos años, entre grietas, paredes desconchadas y humedades, y con la presión de buscar piso en diez días. “Si no he encontrado en dos meses, no lo voy a hacer en diez días. Me han dicho que me vaya a vivir a San Fernando; no tengo coche, y mi trabajo y el colegio de mi hija están aquí en Cádiz. Yo soy de aquí. ¿Y el derecho del menor dónde está?”, se lamentaba, descartando la posibilidad de realojarse con familiares y amigos.

Con una nomina de poco más de 900 euros, insiste en que "no quiere mendigar una vivienda", pero sí pagar por una casa "digna", y no en las condiciones infrahumanas en las que denuncia haber estado viviendo desde la pandemia. "Es que se me parte el alma, yo trabajo, pero no me da para pagar una vivienda de más de 500 euros. Entonces, ¿de qué vivo?".