La Junta de Andalucía ha revelado que el 42,4% de los videojuegos supervisados por los inspectores de Consumo incumple alguna de las normas que protegen a los consumidores y usuarios en este ámbito.

En una nota, la Consejería de Salud ha informado de que cuatro de cada diez videojuegos presentan algún tipo de anomalía, según se desprende de la campaña de control desarrollada por la Dirección General de Consumo a finales del pasado año.

Los controles se realizaron en el marco de una campaña nacional a través de la que el Instituto Nacional de Consumo acordó con las comunidades autónomas verificar el grado de cumplimiento de la normativa sobre los videojuegos y su comercialización en el ámbito minorista. En Andalucía, se realizaron 92 inspecciones, de las que 39 dieron como resultado algún tipo de irregularidad respecto a la normativa de consumo.

La campaña ha analizado aspectos como el Código PEGI, que es un instrumento de autorregulación del sector que facilita un mecanismo para que los consumidores cuenten con información sobre los contenidos y edades recomendadas de los videojuegos.

El objetivo principal de este código es que los consumidores, en especial padres y educadores, dispongan de información suficiente sobre los videojuegos que están a la venta, en España o en cualquier otro país europeo adscrito al código, limitando así la exposición de los menores a contenidos inadecuados.

La campaña desarrollada ha puesto de manifiesto que el 16,28% de las empresas adheridas al código de autorregulación PEGI, no figura el pictograma de edad recomendada con su correspondiente descripción en letra.

La falta de denominación del producto en el etiquetado es otra de las irregularidades más comunes, en el 25%; mientras que en el 23,3% de los productos analizados no figura el domicilio del fabricante, envasador o vendedor en la Unión Europea, unas anomalías que pueden conllevar sanciones de entre 200 y 5.000 euros.

La Consejería recomienda que a la hora de adquirir un videojuego se debe tener en cuenta que presente su correspondiente etiquetado, leer con atención su contenido, comprobar que figura la denominación del producto y el domicilio del fabricante, y exigir el comprobante o factura si al efectuar la compra el establecimiento no lo expide.