La Policía Local ha multado a un restaurante de Valencia que se ha declarado ?insumiso? a la Ley Antitabaco y que, permitiendo fumar a sus clientes, h
La Policía Local ha multado a un restaurante de Valencia que se ha declarado “insumiso” a la Ley Antitabaco y que, permitiendo fumar a sus clientes, ha recuperado, según dicen, parte de la clientela que había perdido desde que entró en vigor la normativa el pasado 2 de enero.
Así lo confirmó ayer a Efe el propietario del bar-restaurante Rodrigo, Rodrigo Arroyo, quien se quejó de que “además” ayer por la mañana acudieron a su local dos inspectores de la Consejería de Sanidad y levantaron acta de que se permite fumar a los clientes.
Arroyo señaló que desconoce el montante de la multa porque “en el papel no pone nada”, y que la Policía ha multado también a dos clientes que se encontraban fumando en su bar.
“En el papel no pone cantidad de dinero pero dice que me multan por dejar fumar, y a los clientes por fumar”, indicó al tiempo que indicó que no sabe si la Policía acudió a su local “por casualidad” o si “algún vecino” ha podido alertar a la patrulla.
Según afirmó, los inspectores de Sanidad le avisaron de que, si no ceja en su actitud, la sanción económica puede ser “importante”.
“Me han amenazado diciendo que, si no quito los carteles en los que anuncio que dejo fumar en mi local, esto puede costarme hasta 6.000 euros por día”, declaró.
No obstante, insistió en que, a pesar de lo sucedido, va a seguir permitiendo fumar en su establecimiento en contra de una ley que no le parece “correcta en una sociedad donde se apela a la democracia”.
Según detalló, alrededor de las 18.00 horas del viernes una patrulla de la Policía Local de Valencia apareció en su bar, situado en la calle Ceramista Ros, en el barrio de Tres Forques de Valencia.
Tras comprobar que en el local, en el que se encontraban “alrededor de treinta personas”, se fumaba, los policías “comenzaron a multar”.
Arroyo decidió declararse “insumiso” a la Ley Antitabaco al considerarla “inoportuna en unos momentos de crisis económica como los actuales”.
Su objeción se sumaba a la de, al menos, otros dos establecimientos de España, uno en Castellón y otro en Málaga.