La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) denunció ayer que la nueva Ley de Salud Sexual no ha cumplido con su objetivo de garantizar la igualdad de acceso a esta prestación en toda España porque “hoy existen 17 leyes del aborto, una por cada Autonomía”.

Tras cumplirse 7 meses de aplicación de la normativa, ACAI ha constatado en sus 36 centros que las autoridades no están ejecutando los “pilares básicos” que llevaron a su aprobación: equidad, seguridad, gratuidad y confidencialidad en la practica del aborto.

Andalucía sigue siendo la región que mejor está cumpliendo con la Ley, mientras que Madrid y Cataluña son las que más dificultades están presentando para convertir esta prestación en un recurso asequible, equitativo, gratuito y desideologizado, ha informado en rueda de prensa Francisca García, vicepresidenta de ACAI.

El presidente de la Asociación, Santiago Barambio, explicó que la “libertad” que los decretos de desarrollo de la Ley otorgan a los Gobiernos autonómicos y el “escaso margen de maniobra” que reservan al Ejecutivo hacen “imposible” que se cumpla.

Barambio, que expuso este problema a los dirigentes del Ministerio de Sanidad, pidió a su titular, Leire Pajín, que haga uso de la disposición que contienen los reglamentos para dictar “cuantas medidas sean necesarias para unificar criterios” y reclamó a los gestores autonómicos que cumplan su obligaciones.

De Cataluña, denunció que se están practicando abortos farmacológicos en los centros de Atención Primaria, sin estar acreditados para ello, mientras que se exige a las mujeres el previo pago de la intervención.

Pese a que ACAI pidió que la información preceptiva fuese común, la normativa vigente obliga a las Administraciones autonómicas a suministrarla. Algunas, como la andaluza, no han sido capaces de distribuir regularmente los sobres mientras que la “ideologización” de la documentación se observa en Madrid, donde “culpabilizan a la mujer y la dirigen a organizaciones de signo claramente antielección”.

Las féminas de Navarra y La Rioja tienen que trasladarse a otras CCAA, porque no se les ofrece otra posibilidad, y algunas de determinadas provincias de Castilla y León -León, Salamanca, Segovia y Soria- tienen que abandonar no solo su provincia sino su región.