Las luces de la plaza de toros de Barcelona, que se apagaron anoche tras sacar a hombros a los tres diestros de la última corrida, tardarán en volver a encenderse, ya que el veto a los toros entrará en vigor el 1 de enero y este año no hay previstos más festejos taurinos en la Monumental.
Fuentes del consistorio han recordado que, “sea cual sea la decisión del propietario”, deberá cumplir dos condiciones: respetar la fachada y el interior de este edificio, catalogados como patrimonio arquitectónico de la ciudad, y limitar su uso a los permitidos en la catalogación de equipamiento.
En consecuencia, los 10.000 metros cuadrados de suelo que ocupa la Monumental deberán dedicarse a usos culturales, deportivos o sociales, o a dependencias de la administración pública.
El alcalde de Barcelona ya ha dicho en varias ocasiones que no tiene intención de recalificar el terreno porque la ciudad necesita equipamientos.
Asimismo ha señalado que el futuro de la plaza “no es una prioridad”, aunque el consistorio está abierto a debatir las propuestas que le lleguen de los propietarios.
Por su parte, la familia Balaña, propietaria de la plaza, mantiene silencio sobre el uso que pretende dar a la misma desde que el pasado verano se aprobó la prohibición de los toros, aunque es domingo, en el fragor de la emotiva última lidia de la Monumental, Pedro Balañá sentenció lacónico: “Creo que en 2012 habrá toros en Barcelona”, según han confirmado a Efe fuentes de la empresa.
De estas palabras se desprende que los propietarios están esperando que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el PP contra el veto a los toros.
No obstante, el alcalde de Barcelona sugirió la semana pasada que el Grupo Balañá no desvelaba sus planes porque, “si explica a qué quiere dedicar la plaza, la indemnización será más baja”.
Según el diputado del PPC Rafael Luna, la indemnización que la Generalitat deberá pagar a la familia Balañá y a los ganaderos y empresarios del sector asciende a una cifra comprendida entre los 300 y los 400 millones de euros.
Es la suma de las entradas que la plaza dejará de vender en los próximos años, más el dinero que perderán los ganaderos, transportistas, empleados de la plaza y otros profesionales relacionados .
Fuentes de la Generalitat, sin embargo, han asegurado que “es rotundamente falso” que la indemnización sea tan alta, y el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha recordado que el propio movimiento protaurino difundió un informe donde cifraba en cuatro millones de euros los ingresos obtenidos en 2007, por lo que “resulta chocante” que se pidan ahora 400 millones de compensación.
