La diputada andaluza del Partido Popular de Cádiz Carmen Pedemonte criticó que el Gobierno de la Junta de Andalucía “se abandere defensora de las personas en exclusión social, cuando cae en la incoherencia de haber incrementado de forma paulatina el porcentaje de solicitudes denegadas y/o archivadas para acceder a la renta básica o salario social en la provincia”.
Pedemonte señaló que, según se desprende de una respuesta parlamentaria, desde 2008, año de inicio de la crisis, el número de peticiones para acceder al salario social en la provincia se ha ido incrementando ante las necesidades de las familias sin recursos, mientras que, “por el contrario, el Gobierno andaluz, a medida que las solicitudes han ido aumentando, más aún se ha incrementado el número y porcentaje de las solicitudes denegadas”.
A este respecto, detalló que en 2008 “fueron denegadas 589 solicitudes, un 12,12 por ciento de las presentadas, mientras que en 2013, se denegaron 3.670, lo que supone un 41,7 por ciento, un incremento porcentual en cinco años de casi 30 puntos”.
La dirigente popular agregó que “en el año 2009 se denegaron 917 peticiones de ayudas de salario social, un 11,8 por ciento; en 2010 se denegaron 1.304, lo que representa un 17,5 por ciento; en 2011 fueron 1.501 las denegadas, incrementándose el porcentaje hasta el 21,35 por ciento; y en 2012 se rechazaron 2.158, pasando ese año al 31,2 por ciento”.
A su juicio, “resulta llamativo cómo el Gobierno bipartito PSOE-IU ha ido incrementado, tanto en número como en porcentaje, las solicitudes rechazadas año tras año, llegando a denegar el 41,7 por ciento de las solicitudes presentadas en 2013”. “La Junta ha pasado de denegar 1 de cada 10 solicitudes en 2008, a rechazar 4 de cada 10 en 2013, pese al aumento de las necesidades de los gaditanos”, reprochó la diputada autonómica.
Incumplimientos
Pedemonte afirmó que “esta es la auténtica política social del Gobierno andaluz; ése es el verdadero compromiso de PSOE e IU en la Junta con las familias gaditanas que no tienen recursos”, matizó. Asimismo, la dirigente popular señaló que, “por si no fuera poco esta situación, el Ejecutivo autonómico sigue incumpliendo su compromiso en la elaboración de la Ley de Inserción Social para luchar contra la pobreza y la exclusión social”.
En este sentido, apuntó que esta norma “es un derecho en lista de espera”, recordando que “fue una promesa electoral del PSOE que se remonta al año 2000, que está recogida en el Estatuto de Autonomía y que fue una de las condiciones del pacto de perdedores PSOE-IU”.
