La Guardia Civil ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos por acumular, en parte de las instalaciones de la antigua Delphi, 5.000 toneladas de agua con residuos peligrosos de hidrocarburos y verter estos residuos sin autorización a la red de Puerto Real (Cádiz).
La operación, llevada a cabo en colaboración con la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha permitido imputar a los responsables de la compañía los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación se inició tras detectar restos de hidrocarburos en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría Delphi.
El filtrado se habría producido a través de una arqueta de salida conectada a dicha red de saneamiento, que no debería funcionar desde el cierre de la fábrica, ya que su funcionamiento requiere el accionamiento manual de una válvula de corte.
Los agentes se pusieron en contacto con la empresa para que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y para que aportase la documentación sobre la gestión que se estaba realizando con ellos.
Al no obtener ninguna respuesta, inspeccionaron las instalaciones donde encontraron evidencias del vertido intencionado de residuos peligrosos, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de conexión a la EBAR, que ya había sido limpiada por el Ayuntamiento de Puerto Real.
Además, se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales ni que derivasen del suelo contaminado de la factoría.
Los agentes confirmaron que no se trataba de un desvío accidental o fortuito sino intencionado, bien por descarga directa desde camión cisterna o desde los depósitos de la depuradora de la empresa que estaban en ese momento llenos de aguas oleosas.
Por otro lado, los guardias civiles localizaron en tres depósitos decantadores de gran capacidad 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos.
Asimismo, los investigadores comprobaron que la empresa carecía de la correspondiente autorización medioambiental para la gestión de dichos residuos y que los depósitos decantadores se encontraban vacíos con anterioridad al alquiler de las instalaciones.
A fin de evitar posibles repercusiones en la seguridad y salud de las personas o en el equilibrio del ecosistema se ha procedido al cierre cautelar de las instalaciones y la prohibición legal del funcionamiento de las mismas.
En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos al medio hubiera tenido unas graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales, máxime al estar situado el almacenamiento en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
