El Tribunal de Apelación de Rabat está juzgando actualmente al acusado principal en la organización de un viaje en patera para emigrantes marroquíes, que naufragó a finales de noviembre pasado en las costas de Cádiz (sur de España), lo que causó la muerte de al menos 23 personas.

El diario Al Sabah relata hoy que el acusado, un marroquí de la ciudad de Salé (vecina de Rabat), fue arrestado en los últimos días en la zona de Moulay Bouselham, 100 kilómetros al norte de la capital, después de pasar varios meses en fuga.

El rotativo añadió que la mayoría de los socios de esta persona, acusado de ser el cabecilla de una red de emigración ilegal y cuyo nombre no fue revelado, han sido detenidos y están siendo juzgados ante la misma corte por acusaciones la trata humana.

El naufragio de la patera, que había salido de las playas de Kenitra (unos 40 kilómetros al norte de Rabat), tuvo lugar en las cercanías de la playa de Caños de Meca, en Cádiz, y se cree que la embarcación naufragó al chocar con unas rocas a 150 metros de la orilla y cayeron al agua sus 45 ocupantes, de los que solo 22 consiguieron salvarse.

Este incidente tuvo gran repercusión en Marruecos debido a que entre las víctimas se encontraba un joven deportista (Ayub Mabruk, 21 años), tres veces campeón de kick-boxing en su país que se había subido en patera con el sueño de triunfar como boxeador en España.

Desde hace un año, las salidas de las pateras ya no se limitan a las costas del Estrecho o del Mediterráneo, sino que se desplazan cada vez más al sur, a las costas atlánticas cercanas a Rabat, distantes 250 kilómetros al sur de la costa española.

El ministro portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa Jalfi, señaló a finales del mes pasado que las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado en lo que va de año 57.000 intentos de emigración clandestina, que se suman a los 89.000 del pasado año.

En su última visita a Rabat,el pasado día 4, el ministro de Interior en funciones de España, Fernando Grande-Marlaska, agradeció a Marruecos su contribución en la reducción en un 45 % de las llegadas de emigrantes irregulares a Europa a través de las costas españolas.