La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha iniciado hoy un nuevo reparto de 312.000 mascarillas, que el Ejecutivo central ha enviado a la provincia para que se distribuyan a todos los ayuntamientos y a las entidades sociales Cruz Roja, Cáritas y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) que, a su vez, lo destinarán al personal de servicios esenciales y colectivos de población vulnerable.
El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha asegurado que “el inicio de la vacunación desde ayer en nuestra provincia supone el principio del fin de la crisis sanitaria, pero no podemos bajar la guardia. Es necesario mantener las medidas de seguridad, siendo especialmente responsables en estas fechas navideñas. Las mascarillas son fundamentales para protegernos y cuidar de nuestro entorno. Con este nuevo reparto, nos aseguramos de que llegan a las personas con menos recursos”.
A continuación, José Pacheco ha recordado también la importancia del mantenimiento de la distancia interpersonal; de la higiene continua, especialmente de manos; del respeto a las normas establecidas para frenar la expansión del virus; y de evitar acudir a lugares especialmente concurridos en esta época del año”.
En concreto, de las 312.000 mascarillas que llegan a la provincia, 162.199 van destinadas a los municipios de más de 20.000 habitantes; 27.801 a las localidades de menos población; y 122.000 a Cruz Roja, Cermi y Cáritas.
Este lote de mascarillas será distribuido entre las personas que forman parte de servicios esenciales, como, policía local, servicios sociales, bomberos, residencias o protección civil, entre otros; así como entre los colectivos vulnerables, en función de las características y necesidades de cada localidad.
Con este nuevo envío, el sexto efectuado hasta la fecha y que se suma a las entregas realizadas en abril, mayo, junio, septiembre y noviembre, el Gobierno ha distribuido en Cádiz, desde el inicio de la crisis sanitaria, casi 1,8 millones de mascarillas (1.781.638 unidades) que se han repartido entre los usuarios del transporte público, los ayuntamientos, las ONG, los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empleados públicos de la provincia, entre otros colectivos.
