La Comisión Europea lanzó ayer un ultimátum a España por impedir a las empresas estibadoras que operan en varios puertos españoles, entre ellos Algeciras, que contraten a sus trabajadores en el mercado y obligarlas a hacerlo a través de empresas de gestión de personal en cuyo capital deben participar.
El Ejecutivo comunitario estima que estas disposiciones vulneran las normas de la UE sobre libre prestación de servicios, ya que podrían disuadir a las empresas de otros Estados miembros que desean establecerse en España.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para modificar esta normativa. En caso contrario, la UE podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
