El conflicto con Gibraltar, más allá de las largas esperas a la entrada y, principalmente, en la salida del Peñón, tiene otro frente abierto que poco a poco va tomando relevancia como es la construcción del conocido Eastside Project, en Catalan Bay, donde la colonia británica quiere ganar terreno al mar y edificar ahí un exclusivo complejo con viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, comercios y hoteles y donde se pretende dar servicio al negocio de los cruceros y las embarcaciones recreativas, donde se ofrecerán también servicios de mantenimiento y reparación de yates.
Ahora sale a la palestra y está en el ‘candelero’ por los famosos camiones que entran con arena de la playa tarifeña de Valdevaqueros y las piedras de la cantera de La Utrera, entre Casares y Manilva.
Ya en mayo de 2008, este medio, EL FARO INFORMACIÓN, se hacía eco de la aprobación por parte de Planificación del citado proyecto. Entonces ya hubo cierta polémica precisamente por su ganancia al Mediterráneo si bien sólo los grupos ecologístas pusieron el ‘grito en el cielo’ y fueron denunciando dicha situación irregular que ahora, con el conflicto patente ya se han hecho eco los demás medios informativos.
Precisamente, en aquel mes de mayo de hace ahora cinco años, se apuntaba que “tras una amplia consideración por parte de la Comisión de Desarrollo y Planificación (DPC en inglés) de Gibraltar” se había “otorgado dar el permiso para realizar el multimillonario proyecto en la zona Este del Peñón”
Dicho lugar fue identificado hace años por el Gobierno local como “de gran potencial para acomodar un gran proyecto de reclamación de terreno al mar para desarrollar unas construcciones de alta calidad”.
La iniciativa preveía en su momento invertir 1.200 millones de libras esterlinas (unos 1.500 millones de euros de entonces) en la construcción de las citadas viviendas de lujo, aparcamientos, un puerto deportivo, hoteles y establecimientos comerciales en tierras ganadas al mar, entre Eastern Beach y Catalan Bay.
La decisión fue alcanzada “valorando los efectos que podría tener sobre la zona el desarrollo de un proyecto de 152.100 metros cuadrados (que concluirá en 383.554 sin contar las zonas de aparcamientos una vez agregadas las zonas interiores de los edificios)” y que “modificará la visión que se tiene de la cara trasera de Gibraltar”, concretamente entre las dos citadas playas.
Se construirá en un porcentaje de terreno del 75% y en él se incluirán 250 plazas de aparcamientos públicos y 2.895 privados.
La DPC, eso sí, impuso una serie de restricciones “encaminada al tema medioambiental y el impacto que sobre las costas, aguas y hábitats” pudiera causar dicha construcción.
En aquel momento, la DPC estimó que el riesgo “es apropiado y los efectos negativos, mínimos”.
No permitió, por ejemplo, “el dragado del extremo sur de la colonia, por temor a que dañe un área protegida por la ley europea”. Sin embargo, sí permite las extracciones en la zona norte” aunque “los trabajos deben realizarse con el control del Ministerio encargado de Medio Ambiente”, aconsejándose sobre los rellenos “que para minimizar el impacto se utilice material local y ayuden en las labores de reciclaje”.
Igualmente, la DPC dictaminó que el proyecto “no repercutirá negativamente en las playas españolas aledañas” aprobando por tanto el informe de impacto ambiental presentado por el promotor.
Eso sí, aconsejaron que el diseño “se modifique 500 milímetros” para evitar “riesgos futuros en lo que la subida del mar se refiere”.
En aquella información, la DPC destacaba que, con respecto a la calidad del terreno “no se anticipan efectos significativos”, pero pese a todo se debía presentar “un plan de dirección medioambiental y de construcción así como otro para la calidad del aire” en este caso para disminuir “el impacto del polvo”.
Curiosamente, en el informe al que tuvo acceso EL FARO INFORMACIÓN “en la sección de transportes no se anticipan efectos adversos pero se requiere que se aprueben los diseños de las uniones de carreteras y se asegure que no haya impacto sobre las operaciones del aeropuerto”.
En el Pliego de Condiciones se establece “que no se realizarán trabajos, con excepción de reclamaciones de terreno o marinos hasta que el regulador del aeropuerto acepte un estudio aeronáutico y que las obras no interferirán en las continuas maniobras de la aviación civil, limitándose las alturas de las grúas y equipos de construcción, elevación y configuración de los edificios”, habiéndose de aprobar “previamente al inicio de las obras” por parte del MOD, “de un estudio sobre aves, objetos peligrosos e iluminación”.
En cuanto a los movimientos de los barcos en aquella zona, en el informe se establece que éstos “no deberán afectar a las actividades de la navegación general en la zona Este, que se regularán por la legislación de la Autoridad Portuaria de Gibraltar y las regulaciones de colisiones internacionales y que todos los movimientos de embarcaciones deberán comunicarse a la torre de control”.
ESPAÑA
El colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ya alertó en su día del riesgo de que el rellenado con escombros para ganar unos metros al mar alterase la dinámica litoral.
Tales inquietudes llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores a enviar una nota verbal a la embajada del Reino Unido en la que se afirmaba que la situación “no hace sino poner de manifiesto la justificación de los temores de España sobre las posibles consecuencias negativas del Eastside Project sobre el medio ambiente en la zona”.
Recordaba el Ministerio que, en virtud de las directivas europeas sobre impacto ambiental, ha venido solicitando toda la información sobre el proyecto, y que "se confiriese un plazo razonable a España para que indicase si deseaba participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Los británicos han hecho caso omiso de esos requerimientos. Por esa razón, se "reitera la solicitud de copia del estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto"
En aquellos citados días también hubo quejas políticas, como la del entonces alcalde de La Línea, Juan Carlos Suárez, que expresó su temor a que, “como sucede con otros asuntos en Gibraltar, una cosa es lo que se planea y otra la que se lleva a la práctica”.
