Unión Sindical Barreña  pide al PA "que ponga el mismo ímpetu, al igual que cuando solicitaban ayuda desde la oposición a los representantes de los trabajadores, para que el Gobierno de entonces cumpliera con la sentencia que ganó un funcionario del Ayuntamiento, militante del Partido Andalucista, el cual figuró en la candidatura del PA en las últimas elecciones municipales.

Desde USB argumentan que el alcalde, Jorge Romero, "en señal de debilidad e impotencia, ha vuelto a hacer uso de sus contactos con el PP y se ha reunido con el alcalde de Santander y presidente del FEMP, para hacerle partícipe del problema que él mismo ha generado con el personal despedido y el cumplimiento de sus sentencias judiciales".
Consideran que Romero "pretende vulnerar los derechos de los trabajadores despedidos y de paso incumplir las sentencias judiciales, algo extremadamente grave. Y ello máxime, cuando existe dinero para pagar, como ha venido alardeando el PP al recordar que en año y medio se han invertido 82 millones de euros".

El sindicato considera que hay "demasiado dinero, intereses e influencias políticas alrededor del asunto de los despedidos, el cual huele mal desde el principio”. Y añaden en un comunicado que el alcalde se ha reunido precisamente con Iñigo de la Serna "ante las numerosas denuncias de varios sindicatos con motivo de supuestos hechos como: recortes sociales de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Santander, aumento del personal de confianza del círculo del PP, contratación de abogados externos, privatización y despilfarro de dinero público en costas judiciales, etc.,¡vamos!, todo un ejemplo a seguir”.
Para USB, este tipo de reuniones y manifestaciones de Romero, son "vergonzosas, dejando la política barreña a la altura del fango. No se puede admitir que un regidor vaya por los despachos públicos llorando sus penas y pretendiendo recabar presuntas influencias políticas para influir en los juzgados".

El colectivo considera que finalmente quienes sufrirán la “indefensión jurídica” serán los trabajadores despedidos, así como el resto de ciudadanos, "ya que cuanto más tiempo pase sin resolverse el problema, mayor será el desembolso económico que tendrán que afrontar las arcas municipales".
Consideran una "insensatez que el pueblo tenga que pagar doblemente por unos servicios públicos básicos por culpa de la incompetencia del Sr. Romero, es decir, cumplir con las sentencias readmitiendo y pagando a los salarios a los trabajadores amortizados y por otro lado pagar a las empresas privadas por la prestación de estos servicios".


Desde USB piden al Gobierno local que "una vez liado este tremendo berenjenal al no querer llegar a un consenso con los representantes de los trabajadores en su día, cumplan con lo que dice la justicia, es decir, con la ejecución de estas sentencias. Pedimos al PA que pongan el mismo ímpetu, al igual que cuando solicitaban ayuda desde la oposición a los representantes de los trabajadores para que el Gobierno de entonces cumpliera con la sentencia que ganó un funcionario del Ayuntamiento, militante del Partido Andalucista, el cual figuró en la candidatura del PA en las últimas elecciones municipales".