El pleno ha acordado por unanimidad facultar al alcalde, Juan Franco, a formalizar con el Banco Popular, como entidad intermediaria, la operación de préstamo por valor de 43.878.171,71 euros concedida por la Administración General del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial. El secretario general del Ayuntamiento ha explicado que la urgencia viene motivada por ser el 22 de diciembre la fecha límite para formalizar el contrato de préstamo. Dicho préstamo se obtiene conforme a las resoluciones favorables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para acogerse al Real Decreto Ley 10/2015 con cargo al Fondo de Ordenación a entidades locales.
A mediados de octubre el pleno aprobó solicitar un préstamo para la cancelación de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que el Ayuntamiento cifró en unos 47, 5 millones de euros. Sin embargo, dicha cantidad se rebaja a 43.878.171 ya que Hacienda sólo contempla para estos préstamos el importe en ejecutiva que es objeto de retención de la PIE. La póliza formalizada con el Banco Popular incluye también el préstamo de algo mas de 2.059.000 euros solicitado a finales de agosto para hacer frente a sentencias judiciales firmes, con lo que el montante total formalizado hoy asciende a 45.937.625 euros con un plazo de amortización de ocho años, más dos de carencia, una amortización del 0% anual hasta el 31 de diciembre de 2016 y del 1,311% a partir de ahí con revisiones anuales.
El portavoz del Grupo Socialista, Miguel Tornay, ha calificado de “faena” el hecho de que Hacienda no haya concedido al Ayuntamiento un préstamo por la totalidad de la deuda con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y ha solicitado conocer cómo se afrontará el pago de esos 3,7 millones de diferencia, así como el total real una vez cancelado el préstamo. A este respecto, el alcalde, Juan Franco, ha anunciado que una vez abonadas las deudas pedirá a las entidades acreedoras una certificación para conocer “al céntimo” cuánto se debe y según se pueda o no afrontar, se solicitaría el fraccionamiento del pago. Tornay incidió en que la devolución de los préstamos y el posible fraccionamiento de la deuda podrían poner en jaque las previsiones económicas del Consistorio para los próximos años. El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Macías, ha dado un margen de confianza a los informes de los habilitados del Estado que sustentan la capacidad de pago del Ayuntamiento y se ha comprometido a trabajar para que los pagos pendientes se efectúen de la manera menos gravosa posible para las arcas locales. Finalmente, el alcalde ha reconocido que, aunque estos préstamos son ventajosos para el Ayuntamiento, la deuda se acumula a futuro, algo que obliga a realizar ajustes económicos. Juan Franco ha recordado que está pendiente la celebración de una junta de portavoces para plantear el destino de los 15 millones de euros del anticipo de la PIE y para exponer el plan de tesorería de 2016 junto a avances para 2017 y 2018. Ha reiterado que el Ayuntamiento tomará medidas para recortar gastos y aumentar ingresos. A este respecto se ha referido al convenio firmado con la Diputación Provincial en materia tributaria, que aumentará los ingresos y a la necesidad de disminuir el coste de la plantilla municipal, bien a través de la RPT o la negociación colectiva.
