‘La primera en la frente’. Así debían sentirse en estos últimos días los representantes de la asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA) tras ver rechazado el primero de los escritos con una petición formulado a través del servicio de registro electrónico del Ayuntamiento.
Las razones esgrimidas desde la Secretaría General son que “los escritos que adjunta a su nstancia no van dirigidos al Ilustre Ayuntamiento de San Roque”, y que, por tanto, y al no contar con “servicio de ventanilla única”, instan a su presentación en otra administración competente, concretamente la Subdelegación del Gobierno.
DCA ha respondido a este escrito informando a Secretaría General de “la derogación de la Ley 30/92, que sí exigía un convenio con las administraciones para tramitar escritos entre ellas, pero que ha quedado obsoleto con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que establece claramente que es posible presentar un escrito para cualquier administración pública en los registros electrónicos de cualquier otra administración, incluyendo las administraciones locales.”, informaron.
Para DCA, el Ayuntamiento “tiene dos opciones: o bien tramitan nuestras peticiones o cierran nuevamente el registro electrónico, que por otro lado no cumple con la Ley de Procedimiento Adminitrativo puesto que no es válido para cualquier plataforma y no entrega copia sellada de la documentación presentada, como hemos informado igualmente a la Secretaria General”.
De igual modo, DCA ha pedido partidas presupuestarias y plazos aprobados en cada presupuesto general “debido al tiempo transcurrido desde que se estableció la obligación del registro electrónico a las administraciones locales”.
“Tenemos conocimiento de que se han contratado empresas para el desarrollo del registro electrónico desde el 2.012 como mínimo, por lo que nos parece excesivo que lleven tantos años y aún no tengan una versión válida operativa. Por eso hemos solicitado los contratos para conocer cómo han sido tan flexibles y cuánto ha supuesto a las arcas públicas el retraso.”, indicaron.
Desde DCA consideran que, “no siendo la primera vez que rechaza nuestras peticiones vulnerando la legislación vigente, es muy grave que un Ayuntamiento tenga al frente de las decisiones administrativas a quien, pese a indicar en sus respuestas su calidad de Doctora en Derecho, puede estar perjudicando gravemente a los ciudadanos con su particular interpretación de la Ley, porque no queremos pensar que simplemente la desconoce.”
