La fecha para la celebración de elecciones autonómicas y generales está siendo la comidilla de todo pasillo político que se precie y a estas alturas pocos se atreven a augurar cuándo porque con certeza nadie lo sabe. Todos menos los presidentes Díaz y Sánchez. La andaluza no se atreve a dar el paso pese a que su entorno no pare de aconsejarle que lo haga ya y varios son los temores que la frenan: la comparecencia suya que ha pedido el Senado para hablar sobre los EREs ahora en noviembre y cuya foto emborrona todo arranque de campaña, la notable desconfianza que tiene de que Pedro Sánchez la está esperando a la vuelta de la esquina para hacérselas coincidir y eso no y el temor, por último y no por ello menos importante, a que una alianza PP y Ciudadanos con las sumas de los restos en la provincias le compliquen la vida. Todo junto la hacen dudar frente a todos, que la miran y se preguntan lo del anillo pa cuándo. De momento en noviembre ya no porque necesita de 54 días tras disolver el parlamento, con lo cual de celebrarse este año solo sería o el dos o el dieciséis de diciembre.
Puede que desista de su idea ahora y vuelva a la de hace no mucho de disolver a principios de enero para celebrar a finales de febrero, en torno al día de Andalucía, abrazándose así a la blanca y verde y al discurso andaluz en un clima que el socialismo de aquí domina a la perfección. Bien es cierto que todo en la vida evoluciona y no es cuestión de confiarse porque va para 40 años de gobiernos consecutivos y las nuevas generaciones no son ya patrimonio del ámbito rural.
Todo, en todo caso, a expensas de lo que haga Sánchez, Pedro, que también tira de sondeos múltiples de los llamados express para decidirse si la cosa empeora; también mide con mucha cautela la suma de PP con Ciudadanos porque ese es, sin duda, su gran riesgo, todo ello vigilando de reojo lo que pasa en Andalucía porque para él sería estupendo ir a urnas de la mano con Susana. En ningún caso contempla Moncloa elecciones generales más allá de las municipales de 2019, con quien las haría coincidir de manera estratégica en última instancia para tener a todo el mundo trabajando en los municipios a favor de la marca y, en consecuencia, de él.
Mientras, resulta bastante descorazonador en general los niveles de parálisis a los que está llegando la administración pública por motivos que exigen un análisis detenido y que la ciudadanía parece ajena a pesar de tener su grado de responsabilidad. Como también está ajena a la auténtica dimensión que está adoptando, ante la que los gobernantes se están viendo sometidos sin mucha posibilidad de solución con las leyes vigentes con el estado de pánico que domina a los técnicos a ser imputados sin ser delincuentes y que les hace no firmar ni una felicitación por Navidad no sea que se entienda que hay cohecho; al menos, también, mientras exista la cultura sindical que dificulta poner disciplina cuando corresponde y mientras, además, se refuerce el control de cada coma con un aumento de la burocracia desmesurado. Cuando realmente cale en la conciencia de la ciudadanía será el gran problema a resolver, un sistema en manos hoy de los técnicos responsables de emitir informes y de los llamados cuerpos nacionales, integrados por interventores y secretarios, aumentadas sus funciones de fiscalización fruto de los desmanes de antes y de la judicialización penal de la gestión pública. Es cierto que necesario era poner freno, pero también que irregularidades no delictivas antes se enjuiciaban en juzgados contenciosos y en los últimos años la fiscalía y los juzgados penales han acogido a gusto temas que quizás era desmesurado penalizarlos y la sociedad, con ayuda de muchos medios, se ha apuntado al linchamiento del político y del funcionario.
La consecuencia es algo así como el reverso tenebroso; hacer cualquier cosa resulta casi imposible, procesos interminables en administraciones colapsadas de personal donde nadie se presta voluntario a nada ni acepta una responsabilidad mínima más allá de lo básico. Al frente, la intervención, que es como un cuerpo sagrado al que nadie tose porque tener a un interventor enfrente dispuesto a rechazar o dilatar procedimientos es lo peor que le puede suceder a una institución pública. Pasa en los ayuntamientos, pero también en la Junta. Con un criterio aún más inconcebible porque aunque la Ley es la misma para todos, su interpretación no y lo que para un secretario es posible, para otro no. Como cada consejería tiene sus propios cuerpos nacionales, pasa que maneras de proceder que son posibles en Turismo, no lo son en Agricultura o Educación, siéndolo quizás para el Ayuntamiento de Sevilla o Córdoba pero no para la Diputación de Málaga. La Ley es la misma para todos, pero los humanos nacemos distintos y con la cualidad individual de pensar e interpretar cada uno por su cuenta.
Es como con las licitaciones públicas de servicios esenciales, en algunos casos terminan siendo procesos de años entre sacar un pliego, publicar el anuncio, licitar, valorar y adjudicar, mucho más cuando hay, como es el caso, variación en la Ley de contratos públicos. Se dan por tanto constantes prórrogas de un año, o más, porque no les ha dado tiempo a culminar el proceso, con el coste económico y en la calidad del servicio que la demora conlleva. Por no hablar de las licencias en urbanismo, donde la situación resulta sangrante en según qué casos y la duda está en si no hay alguna mala intención o a saber qué porque no cabe en cabeza humana que para dar una simple licencia se necesite tanto tiempo y si se calculase el sobre coste económico que para el usuario tiene nos llevaríamos las manos a la cabeza. Tampoco hay que dejar a un lado el uso perverso que algunos políticos desde la oposición hacen de todo esto porque, conocedores de la situación, empujan de manera soterrada para que la gestión administrativa se ralentice en una práctica tan legítima como inmoral donde sucumbe el interés general ante un objetivo electoral.
Silicon Cádiz. Hyperloop Transportation Technologies presentó esta semana en El Puerto de Santa María la nueva cápsula para los viajes del futuro en alta velocidad a través de un tubo que transportaría a sus pasajeros a una velocidad por encima de los mil kilómetros a la hora y que, por ello, cubriría Cádiz y Barcelona en una hora. Construida entre las platas de Jerez y El Puerto, representaría un salto al futuro en innovación y tecnología que, sin duda, han situado tanto a Andalucía como a la provincia de Cádiz en primer plano mundial. Por tanto, hubo extensa representación política y empresarial en un acto donde Carbures se convirtió en Airtificial. La cápsula es una doble piel de fibra de carbono que ofrece mayor resistencia y dureza, menos peso y mayor aislamiento térmico. El futuro sale desde Cádiz, ya veremos si regresa. El prototipo de la cápsula está, ya veremos quién y cómo le mete mano a la financiación del tubo que debe transportarla y que es donde radica la clave de la idea.
Viendo el artefacto a modo de enorme supositorio galáctico a uno le resalta la enorme capacidad de la inteligencia humana allí presente. Ingenieros y matemáticos jóvenes y capaces de idear algo así, empresarios avispados de alzar una empresa de la nada y colocarla en el primer plano del sector, representantes políticos prestos, aunque cautos siempre ante el temor que producen los fuegos artificiales, a apuntarse al viaje propuesto y, de ser posible, a la foto acompañando al primero en pisar la luna... La vida moderna viaja deprisa, quizás porque todos queremos llegar rápido en un mundo donde la tecnología avanza para que todo esté antes; el destino, la comida, las elecciones, la noticia. Y la noticia es, atención, que las cosas importantes fueron inventadas mucho antes de que llegara la vida moderna. Pero ante ellas no hay que tener prisa, más bien detenerse para así protegerlas y cuidarlas.
