El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Andrés Núñez, ha comparecido hoy ante los medios para “reiterar nuestro mensaje sobre la aprobación que en principio se llevará a cabo, salvo sorpresa, este viernes de la ordenanza de regularización de suelos urbanos no consolidados, las llamadas Áreas de Gestión Básicas en el anterior Plan General o Áreas de Regularización en el actual”. La formación popular insiste en mostrar “un rechazo total a secundar la aprobación en un contexto que no da garantías jurídicas al documento, de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Supremo”.
Núñez informa de que “ayer, el Partido Popular, con el apoyo de Por Chiclana sí se Puede solicitó la emisión de un informe del secretario general del Ayuntamiento al objeto de que determinara la legalidad o no de aprobar en fase inicial este documento”. Dicho documento aún no ha sido emitido, dándose la circunstancia de que podría presentarse minutos antes del pleno convocado para mañana viernes.
Asimismo, “el PSOE, tras la petición de informe, ha presentado una enmienda a la propia propuesta del Gobierno indicando que no podrá aprobarse la ordenanza hasta que no esté en vigor el PGOU, advertencia que viene haciendo el PP desde el inicio”. Para el presidente del PP “este hecho es la manifestación clara de que el Partido Popular lleva razón y de que en el PSOE se está llevando a cabo una chapuza impropia de un proceso tan importante como éste”.
El también presidente del PP chiclanero subraya que “en los asuntos en los que no se precisa de mayoría absoluta o no se especifica normativamente que haya que existir un informe de la Secretaría General, la ley permite que se obligue a ésta o la Intervención que se emita un informe de un asunto que va a pleno cuando lo solicite al menos un tercio de concejales de la Corporación. El PP tiene siete concejales y por eso solicitamos el apoyo tanto de IU como de Por Chiclana sí se puede, que aceptaron secundar y suscribir la petición”.
La petición de tal informe jurídico radica, según el concejal popular en que “queremos que se determine si es ajustado a derecho la aprobación inicial de un documento que deriva de otro superior que no existe jurídicamente. La más moderna y actual jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en un informe del alto tribunal emitido hace un par de años, recoge en varias sentencias y de manera reiterada que no es posible aprobar una norma que desarrolla un Plan General que no está en vigor, por lo que no queremos ser cómplices de un nuevo desastre desde el punto de vista urbanístico que perjudique a los ciudadanos de Chiclana”.
En este contexto, y a la espera de acontecimientos, Núñez entiende que “el PSOE, estamos convencidos de que independientemente de lo que diga el informe de la Secretaría General, pretenderá llevar a cabo dicha aprobación. Nosotros creemos que un documento que versa sobre 22 millones de metros cuadrados y que afecta a unas 13.000 viviendas, tiene que reunir todos los parabienes legales. No se pueden dar nuevamente razones y argumentos, por pequeños que sean, a quienes están en contra, no sólo ya del proceso de regularización, que los hay, sino del urbanismo en general de Chiclana”.
Así, desde el Partido Popular alegan que “dicha ordenanza no tiene una necesidad temporal que apremie su aprobación ya, sin todas las garantías, por lo que podría esperarse a tener el Plan General aprobado y despejar las dudas y aprobarla con todas las garantías legales, porque no hay necesidad de correr”.
En concreto, el edil popular alude a la hora de cuestionar la legalidad del procedimiento que el Gobierno de PSOE y Ganemos pretende iniciar, como ejemplo de otras muchas, a una sentencia de 19 de octubre de 2011 del Tribunal Supremo, en la que éste aclara que “la inexistencia de un Plan General impide la aprobación definitiva de un documento de desarrollo e incluso el nacimiento de dicho documento, es decir, impide llevar adelante los acuerdos de trámite”.
Andrés Núñez sentencia que “vemos que el Gobierno local, con su actitud, antepone conseguir un titular de prensa y vender la sensación de que se trabaja al interés de la ciudad. Esto denota una falta de altura de miras y de nivel”.
Finalmente, expone que “el PP está totalmente en contra de la aprobación en este contexto, donde el Plan General jurídicamente no existe. Independientemente de lo que diga el informe que se dicte, lo que queremos es velar para que exista garantía jurídica para los ciudadanos de Chiclana afectados por este procedimiento. Teniendo presente la jurisprudencia actual, sorprendería un informe contrario a lo que dicta el Tribunal Supremo. De darse el caso, habría que ver cómo votan los concejales que viven pegados como una lapa a lo que dicta el PSOE, como son los casos del edil de Ganemos y del concejal no adscrito y ex del PP Stefan Schauer”.
