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Jueves 31/10/2024
 

Córdoba

CTA pide a UGT que estudie cómo atajar el problema de Laboratorios Pérez Giménez en vez de atacarle

CTA ha querido dejar claro que se opone "al ERE con extinción de contratos, suspensión y reducción de jornada y le va a pedir al juez de lo Mercantil que la compañía la compre quién se quede con la plantilla en su totalidad y quién garantice la producción"

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El sindicato CTA, que se declara mayoritario en el comité de empresa de Laboratorios Pérez Giménez, ha pedido al sindicato UGT, igualmente representado en el comité de empresa de dicha farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), que estudie "como atacar este problema, en lugar de lanzar provocaciones en la prensa a otros representantes de los trabajadores" en la misma empresa, que está ahora fase de liquidación, en el marco del concurso de acreedores en el que está inmersa. 

   A este respecto, CTA ha querido aclarar, en un comunicado remitido a Europa Press, que "nunca estuvo de acuerdo con la presentación de un concurso de acreedores voluntario, porque nos temíamos que podía desembocar en la situación actual. Fue Sergio Martínez Escobar, como administrador único y como persona física y jurídica legitimada legalmente para presentarlo quién lo hizo, ante la oposición de CTA, y lo hizo con la única finalidad de intentar evitar responsabilidades civiles y posiblemente penales sobre su gestión al frente de la compañía".

   Junto a ello, CTA ha subrayado que "el convenio presentado para la venta de Pérez Giménez por Sergio Martínez Escobar y Gesfacor no ofrecía por escrito ningún tipo de garantía para los trabajadores ni de conservación de los puestos de trabajo, ni de cobro de las nóminas adeudadas, porque simplemente se trataba de crear el banco bueno y el banco malo; el bueno se quedaba con todas las deudas, es decir, con todos los pasivos tóxicos de la compañía y la mayor parte de los trabajadores y el banco malo se llevaba la fabrica limpia de polvo y paja dejando a los trabajadores tirados".


   Esta fue la razón por la que CTA se opuso al convenio, que no fue respaldado por los acreedores, lo que llevó a la empresa a la actual fase de liquidación, en la que los administradores concursales han propuesto la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo y otro de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectarían a 132 de los 163 trabajadores de la factoría.

  En cualquier caso, CTA ha destacado que "el actual escenario de liquidación en activo no es elegido" por dicho sindicato, "todo lo contrario, puesto que si Sergio Martínez Escobar hubiera tenido interés en buscar la viabilidad de la compañía habría presentado más de un convenio con diversas compañías". De modo que a la liquidación se ha llegado, según CTA, "gracias al interés por salvar a una persona, no a la compañía ni a los trabajadores", que ha tenido UGT, que "siempre se ha puesto del lado de los administradores de la empresa y ha boicoteado las acciones de CTA, incluso en la convocatoria de huelga para cobrar las nóminas".

   En cuanto a la extinción de un contrato de un miembro del comité de empresa perteneciente a CTA, dicho sindicato le ha pedido a UGT "que no mienta malintencionadamente", ya que dicho empleado "pidió la extinción de su relación laboral tres meses antes de presentarse el convenio, y la pidió por un incumplimiento reiterado de la relación contractual por parte de la empresa, porque llevaba más de ocho meses sin pagarle su nómina y tenía derecho a pedir 45 días de indemnización por esa causa y llegó al mismo acuerdo que han llegado todos los despedidos hasta el día de hoy con la empresa, de 36 días por año con un máximo de nueve meses".

   Junto a ello, CTA ha querido dejar claro que se opone "al ERE con extinción de contratos, suspensión y reducción de jornada y le va a pedir al juez de lo Mercantil que la compañía la compre quién se quede con la plantilla en su totalidad y quién garantice la producción y comercialización de los productos farmacéuticos fabricados por estos laboratorios".

   Por último, desde CTA se ha acusado a los sindicalistas de UGT de "hacer de esquiroles en Laboratorios Pérez Giménez, donde lo único que les preocupa es subir al barco que quede para los suyos, salvar a la Junta de Andalucía de las responsabilidades de prestarle y subvencionar con más de 17 millones de euros a unos administradores que han tenido la posibilidad de producir y no les ha importado llevar a la ruina a 200 familias trabajadoras, y a guardarle la cara al señor Sergio Martínez Escobar".

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