La portavoz del PSOE-A en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha pedido a la Junta de Andalucía que el III Plan Andaluz de Inmigración "garantice los derechos básicos de esta población, como la educación o la sanidad, ante los ataques que está sufriendo por parte del Gobierno de Rajoy, que ha recortado en ocho millones de euros las transferencias al Ejecutivo andaluz en esta materia".
A este respecto y en rueda de prensa, Soledad Pérez ha señalado que en la comunidad autónoma andaluza los socialistas piensan "que es necesario darle un impulso a esta población, que ha venido a quedarse, a pesar de la crisis".
Por ello, la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, de la que Pérez es vocal, aprobó la pasada semana una proposición no de Ley (PNL), a instancias del Grupo Socialista, "en la que se da un impulso al III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que podría estar en marcha después del verano".
Pérez ha insistido en la necesidad de apoyar a esta población que "tenemos que atenderla para que no caiga en la exclusión social" y, por ello, los socialistas piden "que la Junta de Andalucía garantice para ellos una sanidad pública y gratuita y una educación en igualdad y equidad".
La parlamentaria del PSOE por Córdoba, que junto al coordinador de Economía y Empleo del PSOE cordobés, Manuel Aguilar, se ha reunido con representantes de los colectivos de inmigrantes de dicha provincia, ha criticado además la "doble moral" del PP, "que apoyó que se atienda a este colectivo pero sin comprometer ni un solo euro ni pedirle al Gobierno de Rajoy los ocho millones de euros anuales que ha recortado en estas políticas".
Por su parte, Aguilar ha resaltado el esfuerzo de la Junta para seguir atendiendo a los inmigrantes, a pesar del descenso en las transferencias por parte del Gobierno del PP, y ha detallado que en la provincia de Córdoba viven en 29.455 extranjeros con tarjeta de residencia, de los que el 66 por ciento son comunitarios y el resto, 9.997, del régimen general, lo que convierte a Córdoba en la penúltima de Andalucía y en la 29 de España.
Los datos de la población inmigrante en la provincia ponen de manifiesto que ha habido un leve aumento en el último año (342), pero no se ha visto reflejado en el aumento de la demanda de empleo, ni en la contratación, ni en la afiliación a la Seguridad Social.
Los inmigrantes de la provincia de Córdoba provienen fundamentalmente de Rumanía, Reino Unido, Bulgaria, Italia y Polonia, en cuanto a los países de la Unión Europea (UE), mientras que los del régimen general llegan a Córdoba, en su mayor parte, desde Marruecos, Ecuador, Colombia, China y Bolivia.