El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha mostrado "sorprendido" por la negativa de Instituciones Penitenciarias (IIPP), organismo perteneciente al Ministerio de Interior, para visitar el Centro Penitenciario de Córdoba, con el objetivo de conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que se encuentran los reclusos con trastornos mentales.

   Así los han señalado a Europa Press fuentes de la Defensoría, que señalan que "normalmente no hay ningún problema" con este tipo de peticiones, toda vez que afirman que el Defensor espera que "haya una aclaración", porque "no se le pueden quitar competencias que vienen recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía", aseguran.

   Ante esta situación la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha dirigido mediante una carta a todos los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para informarles de, a su juicio, este "grave ataque" a la Institución del Defensor para que actúa con "contundencia".

   En dicha carta, la Apdha explica que a finales de febrero, la Oficina del Defensor atendió una llamada del Centro Penitenciario de Córdoba advirtiendo de que había recibido una comunicación oficial de IIPP en la que denegaba la petición de que Maeztu cursara visita al módulo terapéutico de dicha prisión. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso "aludían a que no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos", señala.

   El objetivo del Defensor, asegura, era conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atención y el tratamiento oportuno, siendo la asistencia médica especializada además prestada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a todos las personas presas en Andalucía. Según la Apdha, Instituciones Penitenciarias, por el momento, "no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo"

   Al respecto, la Apdha recuerda que el Artículo 49 del Reglamento Penitenciario ('Comunicaciones con autoridades o profesionales'), en su punto 2, establece que "las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo". En el mismo sentido se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

"ES UN ATAQUE DIRECTO A LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS"

   Así las cosas, la Apdha asegura que el hecho de haber impedido la visita de una Institución como el Defensor del Pueblo Andaluz a una prisión "es un ataque directo a las competencias autonómicas, y un hecho muy grave que no solamente atañe a esa Institución sino que, como Comisionado del Parlamento designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, es un ataque al pueblo andaluz y un ataque a todos los que trabajamos en la defensa de los derechos humanos en Andalucía".

   En este sentido, la Apdha recuerda que la entrada del Defensor en las prisiones permitió elaborar informes tan importantes de la Oficina como la 'Situación de los presos andaluces que cumplen condenas en centros penitenciarios fuera de Andalucía', 'Mujeres en prisión', 'Situación de los enfermos mentales en Centros Penitenciaros andaluces' y 'La intervención de la Junta de Andalucía en el Sistema Penitenciario: colaboraciones más destacadas'.

   Además, manifiesta que su trabajo "ha sido fundamental para salvaguardar los derechos de las personas presas, no solo frente ante instituciones del Estado sino también ante la Administración andaluza", toda vez que apunta que muchas de sus recomendaciones "han sido específicas" para la Junta como la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, la dispensación de los tratamientos de la hepatitis C, el que la Junta siga abonando las prestaciones no contributivas a los presos, etcétera.

   Por tanto, la Apdha considera "increíble" que en un Estado democrático "existan instituciones cada vez más cerradas, opacas y poco transparentes, que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso a las instituciones creadas para tal fin". De este modo, señala que dirige esta misiva a la Diputación Permanente "solicitando que actúen con rigor, y que se dirijan al Ministerio del Interior para que se excuse y depure responsabilidades".

   Por última, la Apdha asegura que como colectivo defensor de los derechos humanos en Andalucía, está dispuesto "a estudiar posible querella por ante la probable infracción Penal en la que pudiera haber incurrido por el Ministerio del Interior como acusación popular", pero "entendemos que es el Parlamento Andaluz el que debe reaccionar en primer lugar haciendo garantizar el respeto por las instituciones andaluzas", subraya.