La integrante de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia en Andalucía por CCOO, Rosa María Sedano, ha criticado este viernes la "situación caótica padecida desde la semana pasada en los juzgados de Instrucción de la capital cordobesa", después de que "se anunciara el 17 de septiembre, a bombo y platillo, que todo estaba prácticamente listo para que el Juzgado de Guardia 24 horas entrase en funcionamiento a partir del 1 de octubre", lo que no ha ocurrido.
La cuestión, según ha señalado Sedano en un comunicado, es que, con anterioridad a esa fecha se preveía que así ocurriera, y "tanto es así que hubo una reunión formal de la Junta de Jueces de Instrucción a fin de determinar la forma de funcionamiento con el nuevo sistema de guardias, así como la adaptación de las agendas de señalamientos de juicios ante la nueva realidad" anunciada, además de que se hizo una "petición de dotación de mobiliario, que era necesario, y todo para
nada".
A este respecto, Sedano ha recordado que "el 80 por ciento del gasto que supone su creación y mantenimiento lo sufraga la Junta de Andalucía y, de hecho, la Consejería de Justicia ha puesto de manifiesto desde el principio la necesidad de que el Partido Judicial de Córdoba cuente con un Juzgado de Guardia 24 horas, y así lo ha dotado económicamente".
Además, según ha indicado la sindicalista, el juzgado de guardia ha contado "con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del Colegio de Abogados de Córdoba, de la Fiscalía, del juez decano, de la Audiencia Provincial y de los sindicatos, entre ellos CCOO, desde el minuto cero, pero no es menos cierto que el 20 por ciento restante del gasto queda bajo el paraguas del Gobierno (Ministerio de Justicia)".
Después, según el relato de Sedano, "por fuentes oficiosas se informa de que el Juzgado de 24 horas no entrará en funcionamiento el día 1 de octubre, alegándose por unos falta de informes, y por otros falta de presupuesto del Ministerio de Justicia para asumir la parte que le corresponde", aunque, de todo ello, "no se ha informado" a los trabajadores de los ocho juzgados de Instrucción de Córdoba, "ni a los sindicatos, al menos a CCOO", pues "toda información es oficiosa e incluso confidencial, según manifiestan otros".
Por todo ello, desde el sector de CCOO de Justicia en Andalucía han solicitado "que se dé respuesta inmediata a esta situación bochornosa", al entender "que no es de recibo la paralización de su puesta en marcha, si es por falta de presupuesto del Gobierno central, pues las cuentas se hacen antes de embarcarse".
Por eso, el sindicato ha instado a que se respeten "los derechos tanto de la ciudadanía córdobesa, que necesita y reclama su puesta en marcha, así como de los trabajadores que prestan servicio en los juzgados de Instrucción, a los que a día de hoy no se ha dado explicación formal de la paralización, considerando muchos la situación como una auténtica tomadura de pelo".
