La Fiscalía de Córdoba advierte de que las cifras que arroja la estadística sobre los delitos contra la libertad sexual en la provincia ponen de manifiesto "un incremento importante", al incoarse en 2018 un total de 59 diligencias previas frente a las 47 que fueron incoadas durante el ejercicio anterior.
Así se expone en la memoria anual del Ministerio Público referida a 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se precisa que al margen de otras modalidades delictivas, destacan un total de 96 incoaciones genéricas por abusos sexuales y 32 casos referidos a menores de 16 años.
Por otra parte, apunta que "llama la atención el descenso observado en la estadística" de violencia sobre la mujer en la provincia, "con una acusada disminución", desde los 305 casos que son incoados por violencia doméstica o de género en el ejercicio 2017, hasta los 181 que son contabilizados en 2018, al tiempo que destacan un total de 14 casos contabilizados de acoso laboral.
Asimismo, se han contabilizado un total de 524 incoaciones en el capítulo sobre delitos relacionados con las relaciones familiares, "una cifra sensiblemente inferior" a la que aparece registrada en el año 2017 (716). Al margen de otras tipologías delictivas "con cifras poco significativas, como es habitual en todas las provincias de Andalucía", destaca el impago de pensiones como la modalidad más frecuente con 307 incoaciones, 183 supuestos de abandono de familia y otros 16 casos de abandono de niños.
Igualmente, se hace mención al convenio de colaboración con Cruz Roja Española en materia de protección jurídica de personas mayores con capacidad modificada judicialmente, por modificar o en situación de vulnerabilidad, que contempla la creación de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. A tal efecto, la Fiscalía de Córdoba ya ha iniciado los contactos.
ACOSO ESCOLAR
En cuanto a la violencia o acoso escolar, el Ministerio Público indica "la dificultad" en la elaboración de la estadística respecto al desglose de los expedientes y diligencias seguidas por acoso escolar, "como es habitual desde años anteriores".
No obstante, informa de que durante el año 2018 se han incoado nueve expedientes por acoso escolar, a la vez que resalta que "muchos de los hechos denunciados son atribuibles a menores de 14 años".
También, indica que se han emitido 164 informes sobre autorización judicial de internamiento de menores en centros de trastorno grave de conducta. Todos los ingresos son por vía de urgencia y entre los usuarios destacan 236 chicos y dos chicas.
FENÓMENOS VIOLENTOS
En otro orden de cosas, sobre la incidencia del fenómeno criminal sobre la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, la Fiscalía insta a "la posibilidad de hacer frente a la pujanza de fenómenos violentos auspiciados por colectivos más o menos numerosos de sujetos fuertemente ideologizados".
Para ello, señala "no solo a las imputaciones concretas que cada hecho o acto posibilite, sino, además, dejar abierta la puerta a utilizar la vía criminalizadora que proporciona el artículo 570 tercero del Código Penal, como instrumento adecuado para afrontar la batalla legal contra acciones que atacan bienes jurídicos individuales, pero también suponen un riesgo patente para la pacífica convivencia social presidida por la libertad ideológica y de expresión".
Como cuestiones a desarrollar, "para unificar criterios de actuación, solventar inconvenientes posibles y abordar el ejercicio de la especialidad", recomienda "el análisis de la oportunidad de evitar la tramitación de los procesos mediante el cauce de diligencias urgentes, valorando la posibilidad de que comportamientos aparentemente aislados que atenten contra las personas o el patrimonio encubran realmente motivaciones discriminatorias".
Al respecto, se exige "una profundización en las investigaciones, tratamiento específico de las probables relaciones concursales en este tipo de infracciones, la necesidad de investigaciones y atestados detallados, que permitan interrelacionar hechos con motivaciones discriminatorias, evitando la minimización de determinadas conductas, la valoración de la especificidad de los medios de prueba en esta tipología delictiva".
También, aconseja "la entrevista policial por agentes con formación en este tipo de delitos, la intervención del Servicio de Atención a la Víctima, así como la problemática derivada de las declaraciones testificales, miedo, ignorancia, vergüenza, desconfianza y la articulación de mecanismos de aseguramiento, prueba anticipada/preconstituída, videoconferencia".
De igual modo, el Ministerio Público apunta a "criterios para adopción de medidas cautelares en el proceso penal, prisión provisional, prohibiciones de aproximación/comunicación; bloqueos de webs, foros, clausura de establecimientos y locales" y otras medidas.
En relación a las estadísticas generales, la Fiscalía Provincial ha contabilizado en 2018 hasta siete casos de torturas y la supuesta comisión de un delito contra la integridad moral cometido por autoridad o funcionario público.
