La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de dos viviendas situadas en las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María en aplicación de la Ley 4/2013 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre.
Así lo recoge un anuncio que publica este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios" conforme a dicha Ley.
En ambos casos los afectados iniciaron los expedientes con la entrada en vigor del decreto-ley sobre función social de la vivienda y quedaron en suspenso al admitir a trámite el Tribunal Constitucional (TC) el recurso presentado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Ahora se someten a información pública en aplicación de la Ley aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre.
Con estas dos viviendas en la provincia de Cádiz son ya una docena las sometidas a este proceso en toda Andalucía desde la aprobación de la Ley junto a otras tres en la provincia de Málaga, en la capital, Torremolinos y Vélez-Málaga; tres más en la provincia de Almería, en Roquetas de Mar y Balerma; otras dos en la provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; una en la provincia de Sevilla en San Juan de Aznalfarache; y una en Huelva capital, ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta y que corresponde a la primera vivienda andaluza con el expediente culminado.
En el caso de El Puerto de Santa María, se trata de una vivienda ubicada en el número 3 de la calle Costa de la Luz, con una superficie construida de 86 metros cuadrados, que había sido embargada por Unicaja.
A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la última publicación que se efectúe en BOJA, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en diarios de mayor circulación de las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados "puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de este expediente (una vez completada la tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.
La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes.
