El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien sobre la petición efectuada por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de que sea citado a declarar como testigo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras lo cual el magistrado resolverá al respecto, tal y como pone de manifiesto en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Sobre ello, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha anunciado en una nota de prensa que también solicitará la comparecencia de Gallardón, tras aseverar, en base al escrito presentado por Torres, cómo la "estrecha" relación y colaboración entre el ministro y el Duque de Palma "culminó" con la concesión de una subvención de 144.000 euros de la sociedad pública Madrid 16 a una entidad sucesora del Instituto Nóos, a pesar de que "quedó demostrado que no se hizo ninguna gestión y que el Ayuntamiento justificó esa subvención en un escrito hecho a mano de cuatro folios".
En su escrito, Torres solicitaba asimismo la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención de cara a negociar el convenio por el que Nóos percibió los fondos públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
La defensa de Torres asevera que Gallardón debería haberse ofrecido a declarar voluntariamente en lugar de "afanarse en desvelos ajenos al proceso", en referencia a sus afirmaciones en torno a la forma como la Infanta Cristina, citada por su parte el próximo 8 de febrero, debe descender la cuesta de los Juzgados de la capital balear.
El juez Castro, el pasado mes de septiembre, ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón, en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 140.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos.
En su auto, el magistrado justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".
Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".
Una consideración que realiza el letrado de Torres al aseverar que, "como no puede ser de otro modo, nada de ilícito hubo y nada de ilícito podían tener ni por asomo de duda mis representados", en alusión a Torres y a su mujer, Ana María Tejeiro, también imputada, y ello "dado el nivel de los intervinientes y el control que sobre todo se ejercía desde las más altas instancias de nuestro país".
